Ciudad de México.- Nueve de cada diez narcotraficantes, lavadores de dinero, traficantes de armas y homicidas que son extraditados a Estados Unidos son juzgados dos veces: una en nuestro país y otra en la Unión Americana, pese a que el artículo 23 constitucional de México establece que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

La Procuraduría General de la República (PGR) precisa —en una respuesta de información pública— que de los 442 delincuentes que han sido extraditados a Estados unidos desde diciembre de 2006 hasta julio de 2011, 90% fueron solicitados para responder en ese país por delitos contra la salud, secuestro, tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero y asociación delictuosa, entre otros; sin embargo esos mismos cargos les habían sido imputados en el país.

El mandato constitucional pocas veces es aplicado cuando se trata de extraditar a narcotraficantes o a quienes han perpetrado diversos delitos relacionados con el trasiego de narcóticos o por delincuencia organizada, pues los jueces y magistrados federales en la mayoría de las ocasiones aprueban la extradición de los delincuentes.

Un caso excepcional se dio el pasado fin de semana. Un juez no concedió por primera vez por ese motivo la extradición de quien se presume era una de las principales operadoras del cártel de Sinaloa, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, a quien le atribuyen haber traficado con cocaína y ser presuntamente la administradora de la organización liderada por Joaquín El Chapo Guzmán.

El pasado viernes 13 de enero el Consejo de la Judicatura Federal difundió que el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal concedió un amparo a Sandra Ávila Beltrán al señalar que “el artículo 6 del tratado aplicable prohíbe conceder la extradición de quien haya sido sometido a proceso por los mismos hechos en el país requerido, con lo que amplía el ámbito protector del artículo 23 constitucional que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

A pesar de que este criterio lo han interpuesto decenas de narcotraficantes que tratan de evitar la justicia estadunidense, y desde su captura intentan interponer diversos recursos legales, entre ellos la promoción de amparos, los criterios constitucionales no han servido para detener la extradición de líderes del narcotráfico, como son Osiel Cárdenas Guillén, El Matamigos, jefe del cártel del Golfo; Gilberto Higuera Guerrero, Gil o Gilillo, del cártel de los Arellano Félix; Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, del cártel de los Arellano Félix; Héctor Palma Salazar, El Güero Palma, del cártel de El Chapo Guzmán; Gilberto Salinas Doria o Gilberto Garza García, el Güero Gil, del cártel de Juárez; José Alberto Márquez Esqueda o Francisco Javier Moreno Molinas, El Bat, entre otros.

Uno de los narcotraficantes que fue enviado de manera inmediata a Estados Unidos a pesar de que su proceso penal está en curso en México es Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael Zambada, El Mayo, uno de los principales líderes del cártel del Pacífico.

Los criminales enlistados, y otros más, fueron enviados en paquete a Estados Unidos para dar cumplimiento a uno de los compromisos de la presente administración con el gobierno de ese país, enviando el 19 de enero de 2007 a nueve líderes del narcotráfico considerados de alta peligrosidad.

A la fecha, de los 442 delincuentes extraditados a Estados Unidos 97 de ellos han sido líderes de cárteles y operadores de organizaciones criminales en México.

La Procuraduría General de la República precisa, en una respuesta de información, que 94 personas tienen pendientes o están en proceso de extradición por delitos contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, tráfico y portación de armas de fuego prohibidas, homicidio, asociación delictuosa, secuestro y tráfico internacional de personas, entre otros.