México, DF.- Los políticos mexicanos están sentados a la mesa jugando un juego muy peligroso. Es una doble apuesta que confunde. Un doble discurso que los exhibe como croupiers de una ruleta con dados cargados.

En un lado, las cartas prometen un juego limpio, están marcadas con encendidos discursos de una “operación Limpieza” que promete un combate frontal contra la inseguridad y el crimen organizado. 

En otro lado, esas mismas cartas muestran el verdadero rostro del juego sucio, el de la transa, el de la componenda; el de la promoción de casinos y centros de apuestas sin control.

Los discursos políticos venden, a fuerza de repetirse en los medios, que se está combatiendo con todo la delincuencia organizada, que en 100 días habría resultados y que los que no pudieran, renunciaran.

La ejecuciones, empero, se fueron al alza; la impunidad también. Los mexicanos estamos cansados de la ola creciente de asesinatos. Y nadie renunció.

Pero en los mismos días en que el presidente Felipe Calderón sale en su segundo aniversario a los medios para defender la lucha contra el crimen organizado, los legisladores hacen su propio juego. 

Y aprueban una reforma de ley que otorga facultades a los municipios y, por ende, a sus alcaldes y cabildos, para autorizar la operación de casinos y casas de apuestas.

La nueva legislación es una modificación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se vende bajo la bondad de que antes sólo el Gobierno federal autorizaba esas casas de juego, y que ahora los municipios también tendrán que dar el visto bueno para autorizar su operación.

Nadie pone sobre la mesa el debate de si es sano que casinos y casas de juego operen en zonas urbanas, eso lo dan por hecho, ya lo ven normal.

De poco sirve saber que donde existen casinos y casas de apuestas se da el ambiente propicio para la operación de la delincuencia y el crimen organizado. 

En muchos de esos establecimientos se lava dinero: el del narcotráfico, el de los secuestros, los dineros de la corrupción, la pública y la privada.

Basta revisar en cuántas casas de juego, de las que proliferan hoy por todo el territorio nacional, y en particular en el norte de México, se han registrado ejecuciones y balaceras. Decenas.

¿Cuántos de sus misteriosos propietarios, ilustres desconocidos que se codean con gobernantes y cardenales, tienen historiales negros o incluso vivieron ya la intentona de ser ejecutados?

Pero los políticos mexicanos se “sordean” ante lo evidente, el debate se centra ahora en quién autoriza esos casinos y casas de juego; o dicho en un leguaje más propicio, en quién reparte la baraja. 

Antes era suficiente entenderse con algún funcionario de Gobernación. Ahora también parten y comparten los alcaldes, y les tocará su mejor parte.

Para ser críticos, deberíamos preguntarnos en qué país del mundo se ven casinos y casas de apuestas como si fueran “tiendas de la esquina”. En ninguno.

Para eso están las ciudades del juego, como Las Vegas, Lake Tahoe, Atlantic City y Monte Carlo, sometidas la mayoría a severas regulaciones que aquí son inexistentes.

Pero en un país como México, donde la mitad de sus habitantes viven en la pobreza, es un crimen facilitar a su población que apueste lo poco que tiene en una ilusión gambusina.

Y lo que es peor aún, convertir a los alcaldes en los croupiers de esas casas de juego, bajo el pretexto de que así “se incentiva el empleo y se detona el desarrollo local”.

Si de los munícipes dependerá el permiso, que luego será validado por Gobernación, ya podemos imaginar quiénes entrarán de lleno al financiamiento de las campañas políticas. Municipales, estatales y federales.

¿Cuánto quieren apostar?

Por eso es un contrasentido que los políticos –panistas, priistas, perredistas o de cualquier color– firmen con una mano los recursos para combatir el crimen organizado y con la otra el permiso para que opere el casino. Así sólo garantizaremos el juego del nunca acabar. Analicemos.

INICIATIVA EN JUEGO
“Estos cambios a la Ley Federal de Juegos y Sorteos van encaminados a generar una mejor selección de lugares donde las casas de juegos y apuestas se permitan…

“Van dirigidos a asegurar que el establecimiento de éstas traiga consigo únicamente el desarrollo económico a la entidad y sus habitantes”.

No, este texto no corresponde al acta fundacional que redactara Bugsy Siegel cuando el gangster soñador instaló el Flamingos, aquel famoso casino que dio paso a la creación de Las Vegas.

El texto es parte de una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que fue aprobada esta semana por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y que será sometida al pleno para su votación.

Las reformas y adiciones a los artículos tercero y cuarto de esa ley facultarían a los alcaldes y a sus cabildos a dar permisos para la apertura de casas de juego y apuestas, mejor conocidas como casinos.

La iniciativa fue presentada por la fracción panista y suscrita por el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo.

El documento aprobado explica en su exposición de motivos que en 2004, el presidente Vicente Fox expidió un reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La propuesta foxista permitió otorgar permisos hasta por 25 años para instalar centros de apuestas, apuestas remotas, salas de sorteos de números, así como hipódromos, galgódromos y frontones. Los permisos eran sujetos sólo a la autorización de la Secretaría de Gobernación.

La modificación foxista permitió a su entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, aprobar la mayor cantidad de permisos otorgada en cualquier sexenio.

La controversia, desatada en los momentos en que Creel buscaba afanosamente la candidatura panista a la Presidencia de la República, despertó la condena ciudadana, fue cuando se otorgaron cientos de permisos a un selecto grupo de mexicanos para instalar casas de juego y apuestas.

Los hermanos Rojas Cardona, apellidos antes desconocidos que se han convertido en sinónimo de los nuevos reyes de los casinos en México, recibieron 100 permisos.

También se liberaron 260 permisos para apuestas remotas y sorteos de números a Televisa Juegos, S.A. de C.V., así como 26 permisos a Olegario Vázquez Alfir y GEA Holdings.

La iniciativa panista reclama que “en los estados de la República, particularmente en los municipios, dichas autorizaciones han acarreado a las autoridades municipales un sinfín de problemas y quejas con la ciudadanía…”.

Una ciudadanía “que en muchos casos ve mermada su calidad de vida con la instalación de estos establecimientos, que en algunos casos acarrea otro tipo de actividades mercantiles…”.

El documento de la iniciativa advierte que esas actividades mercantiles son “muchas veces inadecuadas o contrarias a las costumbres del lugar”.

Y entonces señala que “la presente iniciativa tiene como propósito dar presencia y participación a las autoridades municipales, como los cabildos, a fin de que sean éstas quienes autoricen la posibilidad de que establecimientos de juegos con apuestas se establezcan en su circunscripción territorial”.

Es un buen principio si se considera que el diagnóstico está más o menos apegado a lo que ya sucede.

Pero la iniciativa se debilita cuando advierte que los cambios a la Ley de Juegos y Sorteos “van encaminados a generar una mejor selección de lugares donde las casas de juegos y apuestas se permitan”.

Agrega que también “van dirigidos a asegurar que el establecimiento de éstas traiga consigo únicamente el desarrollo económico de la entidad y sus habitantes”.

¿Alguien puede defender el argumento de que los casinos y las casas de apuestas pueden traer desarrollo económico? ¿Para quién? No será necesariamente para quienes vayan a jugar, que pierden abrumadoramente.

Todavía es más explícita la iniciativa cuando dice que la nueva legislación “evita que las casas de juego y apuestas se conviertan en la causa de que otras actividades ilícitas o que afecten a los ciudadanos se lleven a cabo”.

¿Alguien puede resolver el enigma que representa el hecho de que por un lado se diga que esos casinos traerán desarrollo económico y que líneas más adelante se alerte de que esas mismas casas de apuestas propician actividades ilícitas o afectan a los ciudadanos?

La iniciativa, aunque promovida de buena fe, podría terminar convirtiendo a los alcaldes, lo mismo de ciudades pequeñas como de grandes metrópolis, en gestores de favores para los zares del juego, como Jorge Hank Rhon, Arturo y Juan José Rojas Cardona y Carlos Rivas Palacio.

Y es que partir de la nueva legislación, si bien permanece vigente que el permiso original es otorgado por el Gobierno federal, también deja en claro que sin la autorización del alcalde y el cabildo, no pueden instalarse o funcionar.

Un hecho muy justo y loable, de no ser porque desde ahora los alcaldes viven experiencias de complicidad con los poderosos dueños de los casinos. Entonces, ¿qué sucederá cuando tengan plenas facultades para aprobarles o negarles un permiso?

¿No sería una tentación para los candidatos a alcaldes recibir el dinero fácil de los zares de los casinos a cambio de facilitar los permisos para instalar sus casas de apuestas durante su administración? Veamos algunos ejemplos.

MONTERREY, MALA APUESTA

En 2004, el municipio de Monterrey tenía registrados en operación cuatro casinos o centros de apuestas. 

En 2008, la cifra subió a 18. Y en los próximos meses abrirán cinco más en la zona conurbada y municipios circunvecinos. Llegarán a 23.

Curiosamente, sólo otra cifra creció casi a la par y en proporciones similares en Monterrey. No, no fue la producción industrial o la actividad comercial. Fue la de las ejecuciones del crimen organizado.

Es cierto que la mayoría de las 257 ejecuciones perpetradas de 2005 a la fecha serían endosables al narcotráfico. Pero también es cierto que algunas de las más sonadas involucraron casinos y casas de apuestas. Fueron en el exterior de sus instalaciones o involucraron incluso a algunos de sus permisionarios
Y aun cuando la proliferación de casinos y casas de apuestas en Nuevo León no puede ser atribuida en exclusiva a algún partido, sí tiene la firma de tres controvertidos políticos.

El boom de permisos fue en el sexenio del panista Vicente Fox. Y su instalación se ha dado en el Gobierno estatal del priísta Natividad González Parás y bajo la administración municipal del blanquiazul Adalberto Madero.

Este es sólo un ejemplo de lo que sucede en innumerables zonas urbanas de México. Es el reflejo más claro de la relajación política, social e incluso religiosa que se genera en torno a esos negocios, que en algún tiempo fueron considerados “giros negros”.

En el caso de Monterrey, la flexibilidad inició a principios de los 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Eran los días en que Jesús María “Chema” Guardia inauguró la primera casa de apuestas en la concurrida Avenida Gonzalitos.

“Chema” Guardia, protegido del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, convocó al corte de listón a algunos de los más altos jerarcas de la Iglesia católica mexicana, cuando las fotografías aparecieron en los diarios, la feligresía no daba crédito al contubernio.

Y aunque hoy los nombres cambian, las condiciones no parecen distintas. Ahora, los apellidos ligados a los casinos y casas de apuestas en Monterrey son Rojas Cardona. 

Dos hermanos, Arturo y Juan José, recibieron en el sexenio de Vicente Fox 100 permisos, 50 para apuestas remotas y 50 para apuestas de números. Se los otorgó Santiago Creel, el entonces secretario de Gobernación.

Los mismos apellidos, Rojas Cardona, figuran entre los de los propietarios de un nuevo restaurante gourmet en el municipio de San Pedro. Hace unos meses fue inaugurado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien hizo un viaje ex profeso a la metrópoli regia.

Curiosamente, se trata de un restaurante ubicado apenas a unos metros de donde Juan José Rojas Cardona, uno de los dos hermanos, intentó ser acribillado en noviembre de 2007. 

En ese atentado perdió la vida su chofer, quien pasó a ser en la estadística de ese año el ejecutado número 100 en Nuevo León. El año terminó con 105.

Un Juan José Rojas Cardona que meses más tarde sería involucrado en la “donación” de un helicóptero a la administración panista del municipio de San Nicolás, el segundo más poblado de Nuevo León. 

Un helicóptero que el alcalde Zeferino Salgado nunca reportó como “donado” por el zar de los casinos. Al final, las presiones ciudadanas lo obligaron a regresarlo al controvertido donante.

Pero estos ejemplos apenas muestran lo que ha traído la proliferación de casinos a Monterrey. 

Hoy los logotipos de Caliente y Las Palmas son tan inequívocamente comunes para los habitantes del área metropolitana de Monterrey, como los de las tiendas Oxxo y las farmacias Benavides.

Y todo esto viene sucediendo desde antes de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual da facultades a los alcaldes y a sus regidores para que aprueben o desaprueben la instalación de casinos en sus ciudades.

Si todo lo relatado sucedió sin que los alcaldes tuvieran injerencia directa en el otorgamiento de permisos, ya podemos imaginar lo que sucederá cuando tengan el poder de su firma.