Con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, inició lo que los científicos sociales llaman: “la transición política y social de México”.

La apertura de datos, planes y proyectos, reglas de operación de programas sociales, Ejercicio presupuestal, etcétera, deberían estar a la vista de todas y todos por tratarse de una obligación de las autoridades de cualquier ámbito, para evitar la discrecionalidad u opacidad que puede o no dar cabida a posibles hechos de corrupción.

Así lo advierte la legislación en materia de Transparencia vigente en el país y en los estados de la República, pues se trata de un derecho al acceso a la información, a la apertura y claro está, con las restricciones en el tema de los datos personales, garantizando la intimidad de las personas y su patrimonio. En esto hay un acuerdo generalizado.

Aquí vale la pena agregar que según la Guía de Transparencia Proactiva (publicada en el año 2019, por la Secretaría de la Función Pública y el INAI), el concepto de Transparencia Proactiva tiene como base normativa en la Ley General y representa una evolución importante en los esfuerzos que privilegiaban la publicación de información obligatoria.

La Guía de Transparencia Proactiva y conceptos como la interacción ciudadana, rendición de cuentas, evidencia de gastos e inversión pública durante la emergencia sanitaria por Covid-19, tienen plena relación con el ejercicio de vigilancia y participación de la sociedad civil que impulsa la agrupación nacional Transparencia Mexicana, que bajo el lema de la Sana Vigilancia ha motivado e impulsado la instalación de micrositios en las entidades de la República, donde se aloja información oficial sobre las acciones de los gobiernos estatales para atender la situación generada por el coronavirus.

Pero aquí la pregunta es si existe una ruta para atender lo que algunos llaman trasparencia proactiva y experiencias como la participación y observación ciudadana en casos como la atención del sismo de septiembre de 2017 y el ejercicio del gasto público, ¿por qué no ocurre lo mismo en los estados como Coahuila, para conocer las compras y asignaciones públicas a partir de la emergencia sanitaria?, ¿por qué no dar a conocer los gastos y asignación de presupuesto gubernamental originados por la urgencia de salud? Y más aún, ¿por qué no colocar la información a la vista y sin necesidad de descarga de aplicaciones, redes sociales, sino en el micrositio que se tiene para este tema?

La Transparencia es un derecho ciudadano que le abona a la prevención y control de la corrupción. Falta por hacer y la sociedad civil, académicos, empresarios, periodistas, activistas, etcétera, juegan un papel importante para garantizar que no se retroceda y que más bien, se logren avances en la apertura de datos que beneficia a la autoridad y a la comunidad.