Morelia.- A un mes del abatimiento en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habitantes de cuatro comunidades nahuas de la Sierra Costa de Michoacán reportan ser objeto de nuevos ataques con drones por parte del grupo delictivo. Denuncian que las agresiones, en algunos puntos, se han prolongado durante ocho días consecutivos sin que hasta el momento se registre intervención de las autoridades para la protección de la población.

Con el apoyo del Colectivo de Defensa de Derechos Humanos y Territorio (CODDHHT), los habitantes de Laguna de Calvillo, El Puerto, El Ranchual y El Salitre de Estopila, del municipio de Chinicuila, alertan sobre la situación, por lo que solicitan de manera urgente la intervención inmediata de las corporaciones de seguridad en la zona.

En el caso de Estopila se informa que los ataques han ocurrido de manera reiterada desde hace ocho días; en Laguna de Calvillo y en El Puerto se iniciaron el fin de semana último y no han cesado. Sobre El Ranchual, en la madrugada de ayer miércoles se reportaron agresiones similares.

“ Estos actos representan una grave amenaza a la seguridad pública generando temor, desplazamiento y vulnerabilidad entre las familias que habitan estas localidades”, alertan el CODDHHT y los habitantes del lugar, quienes demandan la investigación de las agresiones para identificar y sancionar a los responsables, así como la implementación de medidas preventivas que garanticen la seguridad de las comunidades afectadas.

También hacen un llamado a que no se minimice esta situación, “ya que el uso de este tipo de tecnología con fines violentos constituye un riesgo extremo y una escalada en la inseguridad”.

La inacción de las autoridades en esta problemática es denunciada como una posición de complicidad, ya que comunidades como Coahuayula son consideradas los últimos bastiones de defensa del territorio para evitar que los grupos delincuenciales tengan acceso directo y libre a la Costa Michoacana. El 19 de julio de 2025 imágenes publicadas en redes sociales dieron cuenta de un enfrentamiento que causó pánico durante horas entre las comunidades de La Laguna de Clavillo y Coahuayula.

Exigencia para las autoridades

Las comunidades nahuas de la Sierra-Costa, en el municipio de Chinicuila, han registrado ataques permanentes por parte de integrantes del CJNG durante los últimos tres años, frente a la omisión de las autoridades para actuar pese a los llamados de auxilio. En 2025 se documentaron agresiones en febrero, abril, julio y octubre; además, aun con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia instrumentado por el gobierno federal en operación, entre el 25 y el 31 de diciembre las cuatro comunidades, junto con las de Coahuayula, El Aguacate y La Ciénega, estuvieron bajo ataque. En enero último se replicaron las agresiones.

El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, ha señalado que en Chinicuila hay vigilancia permanente, con presencia de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; pese a ello, los ataques no cesan y las fuerzas de seguridad no se internan en las comunidades afectadas, de acuerdo con lo que reporta el CODDHHT.

Inicialmente las agresiones eran con armas de fuego; posteriormente, los integrantes del CJNG recurrieron al uso de drones explosivos y, después, a la siembra de minas terrestres para incomunicar a las comunidades. Es mediante sus guardias comunales como los habitantes han hecho frente a las agresiones; incluso, ante la falta de operativos gubernamentales para la desactivación de minas han debido asumir esta labor.

El 19 de marzo de 2024, en Coahuayula, el defensor del territorio José Gabriel Pelayo Salgado, fundador del Consejo Popular de Chinicuila, fue desaparecido, sin que existan avances hasta el momento en las investigaciones para dar con los responsables y con su paradero.

El desmantelamiento del CJNG en la zona y la detención de sus miembros es la exigencia que han venido formulando estas comunidades, así como el retiro de los explosivos colocados en distintos puntos de la carretera y en áreas cercanas a las comunidades, también piden la instalación de un retén militar permanente en el crucero de Los Telares, la implementación de puestos de vigilancia y control por parte del Ejército, que la federación y el estado establezcan mesas de trabajo con las comunidades para atender la crisis de seguridad en la región, que las fuerzas de seguridad pública actúen conforme a derecho y respetando los derechos humanos y que la Fiscalía General del Estado investigue los hechos delictivos y presente avances para garantizar el acceso a la justicia de los defensores de derechos humanos y de la población en general.