Nezahualcóyotl, México.– Tras más de 2,000 días en reclusión, la abogada y activista indígena Kenia Inés Hernández Montalván obtuvo una victoria jurídica definitiva en el ámbito federal. Tres jueces ordenaron su libertad tras ser absuelta de ocho cargos por “ataques a las vías de comunicación” imputados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la defensora del pueblo amuzgo no podrá abandonar el penal estatal Neza-Sur, debido a que aún enfrenta sentencias del fuero común que suman 21 años de prisión por el delito de robo con violencia; cargos que su defensa califica como una “criminalización de la protesta pública”.

El camino a la absolución federal

Antonio Lara Duque, abogado y vocero del Centro Zeferino Ladrillero, detalló que el triunfo en los tribunales federales se logró mediante dos vías:

1. Inexistencia de delito: En Guanajuato, un juez determinó que no había indicios de que los ataques a las vías de comunicación se hubieran consumado.

2. Acuerdos reparatorios: En Guerrero y Morelos, se alcanzó una resolución con Capufe, validada por la autoridad judicial al no considerarse delitos graves.

Pese a que la FGR y la fiscalía estatal sugirieron a Kenia declararse culpable a cambio de una reducción de pena, la activista rechazó la oferta para evitar sentar un precedente contra el derecho a la protesta.

La deuda pendiente del Poder Judicial Mexiquense

El obstáculo actual para su libertad reside en dos sentencias por supuestos robos de 7,000 y 500 pesos en casetas de cobro durante manifestaciones. Lara Duque calificó estas acusaciones como “ridículas” y “fabricadas” bajo la administración del exgobernador Alfredo del Mazo.

” “Fui sentenciada injustamente a pesar de mostrar con pruebas fehacientes que ni siquiera estuve en el lugar de los hechos. Estoy segura que muy pronto la justicia triunfará”, expresó Hernández Montalván en un mensaje desde el interior del penal.

Cuatro rutas hacia la libertad inmediata

La defensa sostiene que existen mecanismos legales para que la actual administración estatal corrija lo que consideran una persecución política:

– Indulto: Una facultad directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

– Ley de Amnistía: Aplicable a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) por violaciones al debido proceso.

– Desistimiento: Que la FGJEM reconozca la inocencia de la activista y retire los cargos.

– Amparo Directo: Actualmente bajo revisión en tribunales colegiados, con una resolución prevista para el verano de este año.

Un lustro de lucha y resistencia

Kenia Hernández, quien ha encabezado dos huelgas de hambre y denunciado condiciones infrahumanas durante su estancia en penales de máxima seguridad, cumplió recientemente cinco años y cuatro meses en prisión.

Organizaciones como el Frente Popular Revolucionario Emiliano Zapata y el Colectivo Hazme Valer mantienen la exigencia de libertad absoluta, señalando que el caso de la abogada amuzga es un emblema de la vulnerabilidad que enfrentan los defensores indígenas ante el sistema de justicia en México.