Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) los nombra la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a sugerencia de las fracciones parlamentarias. Siete de los 11 actuales los propusieron el PRI y el PAN en el sexenio de Enrique Peña Nieto; y cuatro, Morena bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Transferir la designación de consejeros al Congreso representó un avance para la democracia, pues los desvinculó del Poder Ejecutivo, pero al cabo la partidocracia terminó por imponer los intereses del Presidente de turno y de sus cúpulas.

El INE canceló en abril pasado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, postulados por Morena para los gobiernos de Guerrero y Michoacán, por presentar fuera de tiempo los informes de ingresos y gastos de precampaña. La votación fue de siete votos a favor y cuatro en contra en el primer caso; y en el segundo, de seis-cinco. Morena impugnó la resolución del INE, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la confirmó. Salgado y Morón fueron excluidos de la contienda.

Sin embargo, el movimiento del presidente López Obrador ganó ambas elecciones. Evelyn Salgado (hija del candidato original) y Alfredo Ramírez se impusieron a Mario Moreno (PRI) y Juan Antonio Magaña (PRD) con márgenes de seis y ocho puntos, respectivamente. Morena obtuvo nueve gubernaturas más en el mismo proceso del 6 de junio. Ahora suma 17 contra ocho del PAN, cuatro del PRI, dos de Movimiento Ciudadano y una del Partido Verde.

De haberse aplicado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el mismo rigor, el INE y el TEPJF debieron anular las elecciones de 2017 en Coahuila y Estado de México, pues los candidatos del PRI, Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo, excedieron los topes de gastos de campaña, de acuerdo con las impugnaciones del PAN y de Morena.

Otra causa para dejar sin efecto los comicios, además de rebasar el límite de gastos, era la escasa diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. Riquelme y Del Mazo ganaron por márgenes de 2.5% y 3%, respectivamente. Empero, las autoridades electorales no se atrevieron a dar el paso al frente. La fiscalización había vuelto a fallar.

El presidente Peña Nieto actuó en sentido contrario al de Ernesto Zedillo, quien, en las elecciones de 2000, anticipó el triunfo de Vicente Fox en un mensaje a la nación tras advertir la conjura de los dinosaurios del PRI para impedirlo. Cuando el TEPJF debatía si anulaba o no los comicios en Estado de México y Coahuila, Peña recibió en Los Pinos a Alfredo del Mazo y a Miguel Riquelme y les ofreció colaborar con sus gobiernos. Los magistrados entendieron la señal y ratificaron la victoria de los priistas.

En las elecciones del año pasado, el INE se inclinó por la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) promovida por intelectuales, organismos privados como la Coparmex y algunos medios de comunicación opuestos a las políticas de la cuarta transformación. El órgano electoral ha mantenido una actitud crítica hacia AMLO, ejercicio sano en una democracia, a condición de no ser parcial. El recorte por casi 5 mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2022, aprobado por la Cámara de Diputados (donde Morena y sus aliados tienen mayoría), reavivó el encono.

López Obrador y Lorenzo Córdova, presidente del INE, tienen aciertos y deslices; partidarios y detractores, pero el protagonismo de este no puede contra la legitimidad y popularidad de aquel. Tampoco con el Congreso. Córdova perdió la batalla. La Suprema Corte de Justicia de Justicia resolvió el mes pasado que el INE debe ajustar su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato del Presidente prevista para el 10 de abril próximo, pues así lo obliga la Constitución. Punto final.