Ciudad de México.- Activistas acusaron al Estado mexicano de mantener una “impunidad sistemática” y falta de voluntad política para enfrentar el problema de las desapariciones en México.

Esto luego que el Gobierno de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU al acusar que está desactualizado, al referirse a casos que ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y carece de rigor jurídico.

Colectivos integrados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada sostuvieron que la negativa del Gobierno a reconocer la persistencia de este delito refleja una política sostenida de omisión.

“ La negativa del Estado mexicano a reconocer la continuidad y persistencia de las desapariciones forzadas en México ha sido permanente, su nula respuesta en la práctica ha evidenciado que no existe la más mínima voluntad política de este gobierno ni de gobiernos anteriores por erradicar esta práctica que, como Campaña hemos señalado, es una política de Estado”, anotaron.

“ El reciente informe presentado el pasado 27 de marzo por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el que sin explicar claramente su metodología empleada para registrar los casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, demuestra que no existe una política clara para documentar y llevar a cabo este registro de personas desaparecidas de manera forzada y mucho menos acabar con esta violación a los derechos humanos, respuesta que se ve reflejada en la disminución de las cifras y sin asumir su responsabilidad en la continuidad de estos. Como si borrando las cifras, se borrara de la realidad que los casos existen y siguen en la impunidad”.

En una decisión adoptada el 19 de marzo y difundida ayer, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) ubica el inicio de de las desapariciones en 2006, con la aplicación de la política nacional de “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.

México tacha de ‘tendencioso’ informe de ONU sobre desapariciones forzadas

No obstante, considera que la situación de las desapariciones forzadas no ha mejorado desde su visita al Estado Parte en 2021, pese a los esfuerzos y las medidas adoptadas al respecto.

“ Declarar que el informe del CED es tendencioso y sin rigor jurídico, demuestra que el Estado Mexicano no termina por entender que es su responsabilidad y obligación encargarse de dar respuesta a una problemática que, si bien no tuvo sus mayores dimensiones en este periodo de Gobierno, es su responsabilidad como Estado responder ante la gravedad de los casos que se han ido presentando a lo largo de todos estos años”, respondió la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

“ Por más que se cansen de decir que ya no hay desapariciones forzadas, estas persisten porque históricamente no se han esclarecidos los miles de casos mal llamados del pasado, y mucho menos los casos recientes, lo que demuestra que sus ‘esfuerzos institucionales’ por parte de este Gobierno no han servido de mucho, por más declaraciones, informes, y muestras discursivas que den”.

Los colectivos exigieron que el Estado mexicano adopte medidas urgentes para prevenir, investigar y sancionar este delito, incluso con el acompañamiento de instancias internacionales, al considerar que la crisis persiste sin una respuesta efectiva.

“ Las desapariciones forzadas no son crímenes del pasado, son crímenes presentes y continuos que no sólo no han sido esclarecidos ni se ha dado con el paradero de los miles de detenidos desaparecidos, sino que permanecen impunes”, advirtieron.