Se ha dicho hasta el cansancio que las guerras del futuro ya no serán por ningún tipo de supremacía, sino por el agua, pero no entendemos que el mañana es ahora. Edgar London analiza el tema desde el punto de vista local en Espacio 4 (773). “Mientras miles de familias reciben agua apenas una vez por semana, el Congreso autorizó un crédito por 150 millones de pesos a Aguas de Saltillo (Agsal), la paramunicipal operada por la transnacional francesa Suez que controla el sistema. La empresa recibió un beneficio extra: terminar de pagar el préstamo en los próximos nueve años. Es decir, en 2034, cuando venza el contrato de asociación si es que, como ya pasó, no se vuelve a renovar”.

El endeudamiento, escribe London, “generó una oleada de inconformidad social. Colectivos ambientalistas y usuarios protestan por el financiamiento a una concesionaria extranjera en medio de una crisis hídrica que afecta a miles de hogares y barrios periféricos. El anuncio de una nueva planta de la Coca‑Cola, operada por Arca Continental, en una zona ya sobreexplotada, aumenta la indignación. El hartazgo ante los abusos del modelo privatizador es evidente: la ciudadanía reclama transparencia, control público del agua y priorizar, de verdad, el consumo doméstico sobre el industrial.

“Ciudadanos y colectivos realizaron dos manifestaciones para expresar su rechazo a la instalación de la industria refresquera. La principal preocupación es por el uso intensivo del agua en una ciudad que enfrenta escasez recurrente del recurso. La primera protesta se realizó el 9 de junio frente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila; y la segunda, cinco días después en la Plaza Nueva Tlaxcala, en el centro de la ciudad.

“Desde la perspectiva de los manifestantes, el agua se ha convertido en un negocio, y la sierra de Zapalinamé —considerada como el pulmón verde de Saltillo— se ha entregado a intereses privados. Agsal administra el servicio desde hace 25 años. En ese cuarto de siglo —denuncian— las fugas superan el 40%, los cortes son más frecuentes y la calidad no mejora. Entretanto, los recibos suben, los acuíferos se abaten y la crisis hídrica se torna irreversible. Mientras Agsal prioriza el suministro a grandes empresas, en las colonias populares no hay presión o el desabasto es total. Además, alertan sobre la posible privatización del Cañón de San Lorenzo a través de asociaciones ambientalistas que, aseguran, en realidad responden a intereses particulares.

»El activismo social encuentra en Emma Palacios, doctora en Derecho, respaldo jurídico y una voz que lo articula. Sobre la urgencia de un cambio social y cultural con respecto al agua (‘derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos’: ONU), la especialista destaca la importancia de concienciar a la población sobre el recurso como bien común. ‘Siendo la capital del estado, Saltillo es el único municipio del estado donde una empresa privada acapara el agua. Hace 20 años teníamos agua todos los días; y en los últimos cinco, con Agsal, sólo un día a la semana. Y hay veces que ni ese día llega’.

“Palacios denuncia la reciente asignación presupuestal a través de un crédito: ‘El Congreso del Estado, sin consulta popular, acaba de autorizar 150 millones a una empresa privada (Agsal)… ¡para agua! Es el dinero de los saltillenses, es el agua de los saltillenses. No es sequía, es saqueo’. La privatización del agua es un error que castiga a la población, advierte la activista. Cita otros casos donde la industria ha agotado fuentes vitales: ‘Ya sucedió en Chiapas, ya sucedió en San Cristóbal de las Casas, en Cinco Manantiales (Allende, Nava, Morelos, Villa Unión y Zaragoza). Ya no hay Cinco Manantiales. Están secos. Se los acabó la cervecera. La gente sufre hoy, batalla, pero nadie hace caso. Ni la autoridad municipal, ni la autoridad estatal’. En tanto, a escala federal se trabaja para proteger ríos y cuencas con amparos y respeto a los territorios indígenas.

“Acerca del tema ambiental, Palacios lamenta la falta de infraestructura para el reciclaje del agua: ‘En Saltillo no tenemos plantas de reutilización. Las aguas negras se van a la tierra o las aprovecha uno que otro ganadero. En cambio, Monterrey ya tiene plantas tratadoras y obliga a los autolavados, por ejemplo, a pagar por acceder a su uso. No sólo Monterrey no da ejemplo, sino también Ciudad de México’”.