Monclova, Coah.- La integridad de cuatro menores en Monclova se encuentra bajo impunidad, denunció Salomón Herrera Vázquez, quien expuso el calvario que vive su hija de seis años, Danae Janeth, quien presuntamente es víctima de agresiones físicas y negligencia extrema por parte de su madre Alondra Esquivel y su actual pareja.

El denunciante señala que, a pesar de contar con evidencias gráficas de las lesiones y el estado de abandono de la menor, las instituciones encargadas de la protección infantil han fallado sistemáticamente en su deber.

Explicó que tras una reciente videollamada en la que la pequeña Danae apareció con el rostro ensangrentado, sumado a reportes de falta de higiene básica y una infestación de piojos que no ha sido atendida ni reportada por las autoridades escolares de la Primaria Manuel Acuña.

Herrera, sostiene que la situación no se limita a su hija, sino que afecta a otros tres menores en el domicilio ubicado en la Calle 21, de la colonia Guerrero; entre ellos, un joven que ha abandonado los estudios para incurrir en actos delictivos y un niño con autismo que carece de la atención psicológica vital para su desarrollo.

El trasfondo del conflicto legal revela una trama de presunta corrupción y tráfico de influencias, ya que según el padre, una abogada y el entorno de la actual pareja de la madre, Alondra Esquivel, habrían manipulado el proceso de custodia para criminalizarlo, señalándolo injustamente por sustracción cuando él intentaba poner a la niña a salvo.

Herrera, también denunció que, durante una detención en Piedras Negras, agentes policiales le sustrajeron pertenencias y pruebas periciales clave que demostraban el riesgo real en el que se encuentran los menores, sugiriendo una complicidad institucional que deja a los niños en total vulnerabilidad.

Desde la distancia y bajo constantes amenazas tras difundir el caso, Salomón Herrera, exige que las autoridades estatales realicen una inspección inmediata en el inmueble de la colonia Guerrero.

Su petición es que la posición económica o las conexiones políticas de los agresores no pesen más que el derecho constitucional de los niños a una vida libre de violencia.

Hasta el momento, el silencio del plantel educativo y la falta de acción de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en la Región Centro mantienen en vilo la seguridad de los cuatro hermanos.
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