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| Héctor Manuel Garza Martínez, abogado representante de un grupo de acreedores de Altos Hornos.

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Advierte abogado sobre irregularidades en listas

  Por Milton Malacara

Publicado el viernes, 18 de julio del 2025 a las 04:06


Un llamado urgente a la precaución y a la revisión exhaustiva de su estatus jurídico, es el que lanzó Héctor Manuel Garza Martínez.

Monclova, Coah.- Un llamado urgente a la precaución y a la revisión exhaustiva de su estatus jurídico, es el que lanzó Héctor Manuel Garza Martínez, abogado representante de un grupo de acreedores de Altos Hornos de México (AHMSA).

Garza Martínez, alertó sobre “graves irregularidades” detectadas en los listados presentados ante los juzgados, las cuales podrían afectar directamente los derechos de los trabajadores y ex trabajadores de AHMSA y Minera del Norte.

Según el litigante, la preocupación surge a partir de la entrega por parte del síndico de un listado con 9,855 trabajadores de AHMSA en formato digital. Este archivo, que buscaba clasificar a los empleados en categorías como “activos”, “inactivos con o sin liquidación”, “con juicio laboral”, “en concurso mercantil” y “con sentencia”, también intentó detallar los montos laborales conforme a la Constitución y la Ley de Concursos Mercantiles.

Si bien el juzgado reconoció el formato y orden alfabético del documento, “la jueza del concurso mercantil identificó inconsistencias significativas”, señaló Garza Martínez. Explicó que se encontraron “montos duplicados correspondientes a los artículos 224 y 225 de la Ley Concursal”, una situación que genera incertidumbre sobre la validez de las cifras.

El abogado enfatizó que el juzgado también “notó una falta de claridad en las fechas, lo que podría llevar a cobros indebidos. Además, se detectaron discrepancias con la información de algunos trabajadores en comparación con los registros de los tribunales laborales e incluso se omitió incluir a personal cuyos laudos ya han causado estado, lo que significa que sus derechos ya fueron legalmente reconocidos”, explicó.

Ante este panorama, la decisión del juzgado fue tajante: “se ordenó negar la difusión pública del listado por carecer de la certeza jurídica necesaria, una medida que celebramos”, afirmó Garza Martínez, explicó que esta resolución busca proteger los intereses de los acreedores y evitar posibles perjuicios.

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