La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el pasado 2 de marzo se concretó la extradición a México de Estados Unidos de Rafael Olvera Amezcua, quien es dueño de la sociedad financiera de nombre Ficrea, la cual se utilizó por este para realizar diversos delitos en nuestro país, delitos que van desde delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude a ahorradores mexicanos, operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita hasta violaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por lo que existe una orden de aprehensión en su contra en México.

La FGR También informó que esta extradición fue el producto de diversas gestiones realizadas ante la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, División de Operaciones en deportación (ICE-ERO), del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos de América, y a una estratégica coordinación binacional.

Adelantándose a estos hechos, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que había empezado ya, en semanas anteriores, a trabajar con los ahorradores defraudados para lograr que Rafael Antonio Olvera Amezcua les devuelva los recursos defraudados por FICREA.

Lo anterior es sin duda una buena noticia para la justicia de Coahuila, y no solo por las personas defraudadas por la empresa de Olvera Amezcua, sino que es una gran noticia para nuestro Tribunal Superior de Justicia, el cual aunque usted no lo crea, también fue defraudado y burlado por este hombre que ahora ha sido extraditado.

Y es que para quien no lo sabía, o ya no lo recuerde, debo mencionarle que por alguna extrañísima causa, en 2015, el presidente en turno del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, sin facultades para hacerlo, desvió de su finalidad la cantidad nada pequeña de 126 millones 938 mil 787 pesos con 40 centavos, que formaba parte del fondo para el mejoramiento de la justicia, y la invirtió en una caja de ahorros que funcionaba como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) llamada precisamente Ficrea S.A. DE C.V., SFP. Propiedad de esta persona de nombre Rafael Olvera Amezcua.

Así pues, y por si lo anterior significara poca desgracia para la justicia coahuilense, meses después de realizarse esta ilegal transacción y en el mismo 2014, la CNBV anunció que intervendría a esta financiera Ficrea por sospechas del delito de lavado de dinero, para posteriormente declarar su liquidación en el año 2015. Desde entonces, el recurso de nuestro tribunal fue desaparecido por el dueño de Ficrea.

Desde entonces a nuestro Poder Judicial han llegado y se han ido presidentes y presidentas y la verdad ninguno ha hecho lo necesario para castigar a los responsables de este fraude, o por lo menos para lograr la reparación del daño sufrido, aunque debemos reconocer también, que el actual presidente, con la extradición del defraudador, tiene ahora una más fácil oportunidad de recuperar las cantidades defraudadas y demostrar con esto que nuestro tribunal nada tiene que ocultar, y que a nadie debe proteger, por lo que, lo menos que debemos esperar es que esos recursos vuelvan a su lugar, se castigue a los malversadores y ahora sí, se invierta en el mejoramiento de la administración de justicia coahuilense que como siempre, dicho sea de paso, bastante lo necesita.