Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, rechazó ayer en Washington que los servicios de inteligencia mexicanos actúen políticamente o haya un uso político de la justicia.

“Vivimos en un régimen de derecho”, subrayó Poiré al hablar con periodistas en la Embajada de México en Washington.

El funcionario negó que organismos a su cargo o del gobierno mexicano hayan actuado de forma ilegal tanto respecto a quejas de Josefina Vázquez Mota, sobre la grabación clandestina de sus conversaciones personales, como en torno a la revelada vigilancia de ex gobernadores de Tamaulipas que provocó quejas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el decomiso de 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz.

De acuerdo con su programa, Poiré sostendrá reuniones con la secretaria de Seguridad Nacional estadunidense, Janet Napolitano, y con John Brennan, asesor en Seguridad Nacional para la administración del presidente Barack Obama.

Asimismo, un comunicado oficial informó que Poiré, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se reunió con el general David Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para abordar lo que oficialmente se describió como “temas relacionados con la agenda binacional de riesgos”, incluso tráfico de armas y la delincuencia organizada.

La agenda de reuniones fue similar a la realizada hace casi tres semanas por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

El funcionario, quien sostuvo una reunión de trabajo con Arturo Sarukhán, embajador de México en Estados Unidos, puntualizó por un lado que los servicios de inteligencia englobados en la Segob actúan de acuerdo con la ley y que cualquier acción en otro sentido debe ser investigada “y en su caso debidamente sancionada”.

Negó que haya politización del sistema judicial, al ser interrogado por periodistas mexicanos en torno a la anunciada investigación de los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández.

Precisó en ese sentido que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza una investigación en torno a los reportes de alerta migratoria emitidos para los tres políticos y subrayó que el Poder Judicial es independiente.

“Las actuaciones del Ministerio Público están, en todo caso, sometidas a las decisiones del Poder Judicial”, añadió.