Coahuila

Publicado el miércoles, 20 de mayo del 2026 a las 21:35
Saltillo.- Tras celebrar la mayor parte de las modificaciones propuestas en la nueva iniciativa de Reforma Judicial, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup; alertó sobre una menor libertad para los estados en diversos aspectos.
“ La propuesta busca endurecer la regla y establecer que los poderes judiciales locales deberán sujetarse a las mismas bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades, requisitos, duración de cargos y demás disposiciones previstas para el Poder Judicial de la Federación, en todo lo que resulte aplicable”, señaló.
Destacó que la iniciativa reduce el margen de libertad configurativa de los estados. “Las entidades federativas conservarían facultades para regular aspectos no previstos por la Constitución Federal, pero tendrían que replicar el diseño federal en lo esencial. Este quizá es el punto más delicado al exigir que los estados se sujeten estrictamente al modelo federal, lo que limita de manera considerable la capacidad para diseñar su propio proceso conforme a sus particularidades institucionales”.
Entre las reglas mínimas que deberían observar los estados se encuentran la garantía de mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios de evaluación y selección de candidaturas judiciales locales.
Así como la creación de comités de evaluación por cada poder local, con criterios y metodologías homologadas para verificar requisitos y seleccionar a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo.
Así como la insaculación pública para depurar los listados y postulación de dos candidaturas por cada poder estatal para cada especialidad sujeta a elección, observando la paridad de género.
Otro punto a destacar es la evaluación del desempeño durante el primer año de ejercicio de las personas juzgadoras locales electas, así como capacitación y actualización permanente a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial local.
“ Se insiste, la iniciativa impacta directamente a los poderes judiciales locales porque obliga a las entidades federativas a adecuar su marco constitucional y legal al nuevo diseño federal”, aseveró.
Miguel Mery Ayup comentó que, en relación con los cargos de personas juzgadoras que no fueron objeto de renovación en la elección del 2025, se elegirán sin excepción en las elecciones judiciales federal y locales del año 2028, conforme a lo previsto en el Decreto.
Los juzgadores que concluirían su encargo en el año de la elección ordinaria del año 2027 permanecerán en funciones hasta el año 2028, “concluyendo su encargo en la fecha en que tomen protesta las personas que emanen de la elección judicial respectiva”.
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