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Alternancia anómala

Por Columnista Invitado

Hace 1 hora

POR: JORGE VOLPI

 

Cuando, en 1996, llegué a vivir a Salamanca, un amigo español me dijo: si quieres entender este país, tienes que saber que, políticamente, sigue habiendo solo dos bandos: comunistas y católicos.

Aunque la frase es burda y exagerada, desde entonces ya reflejaba una polarización que, sembrada en la Guerra Civil y silenciada durante la larga noche franquista, se anticipaba a la que hoy vive buena parte de las naciones del planeta: países partidos en mitades casi idénticas que –sólo desde el punto de vista ideológico, la cotidianidad es siempre más amable– se muestran irreconciliables.

Como fuere, a partir de la Transición, la democracia española ha funcionado, en buena medida, gracias a la alternancia entre izquierda y derecha ocurrida desde las primeras elecciones de 1977.

Se diría, incluso, que aquí el cambio de un partido a otro ha servido como el principal correctivo para los desvíos de cada uno: la victoria de Felipe González, del PSOE, sustituyó a los endebles gobiernos de la UCD –Adolfo Suárez y, tras la dimisión de este en 1981, Leopoldo Calvo Sotelo–, mientras que el triunfo de José María Aznar, del PP, en 1996, fue el correctivo al desgaste de 14 años de su predecesor; a su vez, José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, fue elegido en 2004 luego de que su antecesor quisiera adjudicarle a ETA los atentados de Atocha, y Mariano Rajoy, del PP, en 2011, tras el errático manejo de la crisis económica del socialista. Por último, fue una moción de censura, a raíz de distintos casos de corrupción, lo que determinó el ascenso de Pedro Sánchez.

Hoy es el PSOE el que sufre a causa de la corrupción de varios de sus cuadros –y de crisis como la desatada por la llegada de setenta mil migrantes a Ceuta o dos terribles accidentes ferroviarios–, de modo que casi parecería natural que tome el relevo Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre.

Por desgracia, lo que vuelve anómala y en extremo peligrosa la situación no es el previsible triunfo del PP –casi todas las encuestas le dan una cómoda ventaja–, sino que, para poder formar gobierno conforme a las reglas del régimen parlamentario, este tendrá que aliarse, de manera inevitable, con Vox, uno de los tantos partidos de extrema derecha que inundan el panorama europeo.

Surgido del ala más radical de los populares, Vox no es –como el RN de Marine Le Pen, también a punto de ganar las elecciones en Francia; Alternativa por Alemania, Hermanos de Italia o La Lega o el Partido por la Libertad holandés o el Partido de la Libertad de Austria– un partido normal.

Por más que muchos quieran justificar su presencia en las instituciones o su peso social, se trata de una agrupación que ha hecho de la mentira y del deseo de minar la democracia jugando con sus reglas una parte central de su esencia.

Su discurso en contra de los migrantes, como el que anima a toda la ultraderecha, no puede ser considerado como una toma de posición como cualquier otra.

Baste observar las principales propuestas de campaña de Santiago Abascal, su líder y candidato a la presidencia del Gobierno: “prioridad nacional” y “remigración”, dos promesas que, bajo estas palabras en apariencia inofensivas, esconden un íntimo desprecio hacia los marroquíes, los árabes y, en general, los africanos, así como una callada pulsión hacia la limpieza étnica en aras de volver a una España uniforme –blanca y católica– que en realidad jamás existió.

Poco importa que las generalizaciones sobre las que se apoya este discurso carezcan de fundamento: no existe evidencia de que la inmigración, por sí misma, destruya el empleo de los nacionales o provoque un aumento generalizado de la delincuencia.

Tampoco que la diversidad cultural suponga una amenaza para la convivencia. Lo terrible es convertir a los extranjeros en ciudadanos de segunda: su odio o su desprecio hacia los otros es justo lo que define a la ultraderecha.

De allí que la alternancia que se prevé sea tan antinatural y peligrosa: aunque el PP ya ha pactado con Vox en distintas comunidades autónomas, su entrada en el Gobierno central supondrá una amenaza permanente a uno de los pilares que sostienen la democracia liberal: la idea de que todos los seres humanos son iguales y merecen los mismos derechos sin importar su origen, sus costumbres o sus ideas.

 

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