En ¿Sucesión adelantada o sucesión pactada? Proyecto transexenal llegaría a 24 años, Espacio 4 (685) advierte que mientras el PRI había precipitado la designación de Manolo Jiménez para las elecciones del gobernador de 2023, cuya campaña inició como Alcalde de Saltillo y ahora continúa desde la Secretaría de Desarrollo Social, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguía sin mover ficha. Pues ya lo hizo. Envió al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, no solo para promover la revocatoria de mandato, sino para enviar un mensaje a toda luz irrefutable: Morena quiere gobernar Coahuila y poner fin al moreirato.

AMLO ganó holgadamente el referéndum, marcado por un elevado abstencionismo y sin efecto vinculante, para terminar su mandato el 30 de septiembre de 2024, tal como lo establece la Constitución. En Coahuila participó 15.7% de la lista nominal, pero ocupó el octavo lugar nacional en votos favorables al Presidente (94.3%). El gobernador Miguel Riquelme, el líder del Congreso, Eduardo Olmos, y el oficialismo, pidieron a la ciudadanía desairar la consulta por considerarla una “farsa”. Mejía reasumió la Subsecretaría de Seguridad después del proceso. Durante los 15 días previos recorrió el estado, celebró actos masivos y se reunió con representantes de los sectores social, empresarial, obrero y magisterial. También se entrevistó con líderes del PRI agraviados por la falta de oportunidades en su partido y en el Gobierno, pero sobre todo con el proyecto continuista.

El discurso de Mejía se caracterizó por su tufo futurista y las críticas al clan Moreira y al gobernador Riquelme, con quien se reunió el 24 de marzo en Palacio de Gobierno, sin ocultar sus diferencias. El funcionario amlista denunció la crisis financiera, la asfixia política del estado y el reciclamiento de cuadros. Culpó de la situación al grupo que se apoderó del Gobierno en 2005, con el tándem de Humberto y Rubén Moreira a la cabeza. En ese docenio, la deuda de Coahuila se disparó de 350 millones de pesos a más 40 mil millones de pesos con bancos y proveedores. También ocurrieron las masacres en Allende y Piedras Negras y la desaparición forzada de millares de personas, temas por los cuales el Gobierno federal ha mostrado nulo interés.

El aspirante de Morena a reemplazar a Riquelme dio un golpe de efecto con la incorporación de Jorge Luis Morán a su equipo. Se trata de un hombre vinculado con el moreirato, pero quizá todavía más afín al exsecretario de Gobierno, Raúl Sifuentes, a quien apoyó -junto con Mejía- en la sucesión de 2005. La dimisión del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado sorprendió a tirios y troyanos. Cuando Riquelme pidió licencia como Alcalde de Torreón para ser candidato a la gubernatura, dejó a Morán en su lugar para cuidarle las espaldas.

El Gobierno y su delfín se habían centrado en el control de daños por la inminente renuncia de Jericó Abramo al PRI, para neutralizarlo. Disconforme por la imposición de Jiménez, el presunto acoso a sus seguidores y el mal trato de un sector de la prensa, el diputado federal busca la candidatura por otro partido. La alianza con Mejía quedó anulada al votar contra la reforma eléctrica de AMLO. Empero, nadie contaba con que el primer traspié presucesorio vendría de dentro. Morán ya no formaba parte del grupo compacto de Riquelme, pero el rompimiento podría alterar los planes de la sucesión pactada. Los efectos se verán en los próximos meses, pero sobre todo en las campañas.

Mientras el PRI y Morena ya mostraron sus cartas —la eventual nominación de Mejía presiona a Jiménez—, el PAN sigue sin dar señales de vida. Después del voto del PRI contra la reforma eléctrica de AMLO, quizá aguarda el resultado de las elecciones de gobernador en seis estados (el 5 de junio) para decidir si participa en la coalición Va por México. Si lo hace, solo para evitar el triunfo de Morena en Coahuila, sería una apuesta perdida. Líderes de Acción Nacional se resisten a ser comparsas del moreirato. Es preferible jugar solo y perder con dignidad.