Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció que se estudia una reforma constitucional para revisar y limitar las pensiones millonarias otorgadas a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), las cuales en algunos casos superan el sueldo neto de la Presidenta de la República.

Durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como ofensivas estas pensiones, al señalar que se financiaron con recursos del erario mientras miles de extrabajadores fueron abandonados tras la liquidación de LyFCL.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos mensuales, imagínense, mientras muchos quedaron sin nada”, declaró la mandataria.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que de Luz y Fuerza se pagan anualmente 28 mil 074 millones de pesos a 14 mil 73 extrabajadores pensionados, de los cuales 9 mil 457 reciben entre 100 mil y un millón de pesos, y 3 mil 504 tienen jubilaciones superiores al salario neto de la presidenta.

En el caso de Pemex, precisó que el gasto anual en pensiones asciende a 24 mil 844 millones de pesos para 22 mil 316 jubilados; entre ellos, 544 perciben más que la titular del Ejecutivo y 618 superan incluso lo que gana el director general de la empresa.

Ante esta situación, el Gobierno federal inició mesas de trabajo con dependencias como la Consejería Jurídica, SHCP, IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex y CFE, con el fin de revisar la legalidad de estos beneficios. Asimismo, se implementarán medidas como la homologación de expedientes, actualización de padrones de pensionados en coordinación con Renapo y registros civiles, y nuevas reglas para los pases de supervivencia.

Caso de sobornos en Pemex

En relación con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos sobornos a exfuncionarios de Pemex, la secretaria Buenrostro aseguró que en México habrá “cero impunidad”.

Recordó que Pemex tuvo conocimiento de las pesquisas desde abril de 2024 y que incluso, desde 2020, emprendió acciones preventivas y sanciones internas.

Explicó que uno de los señalados, Ramón Alexandro Rovirosa, pertenece al sector privado, mientras que Mario Alberto Ávila Lizárraga fue funcionario de Pemex en gobiernos anteriores y fue inhabilitado por favorecer a la empresa Oceanografía.

De los cuatro contratos bajo investigación, dos fueron firmados en administraciones previas al presidente Andrés Manuel López Obrador y concluyeron en 2020; uno más iniciado en ese año fue cancelado por irregularidades, y otro se dio por terminado anticipadamente. Además, Pemex abrió cinco auditorías adicionales.

Con estas medidas, el Gobierno federal busca garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos y poner fin a lo que calificó como “privilegios ofensivos heredados del periodo neoliberal”.