Monterrey, NL.- Tras aclarar que la mujer adulta fallecida en el centro de rehabilitación “Alondra Comunidad Terapéutica“, no era una de las encargadas del lugar sino su hija que estaba internada, un padre de familia se sumó a las acusaciones de familiares de presuntos maltratos por parte del personal en contra de las pacientes.

Leonardo Cerecero denunció que en el anexo no lo dejaban ver a su hija Anapola Cerecero Ibarra, de 32 años, quien había ingresado al centro por problemas de adicción apenas dos semanas antes de la tragedia.

Una semana después de haberla internado, Leonardo acudió al centro ubicado en la Colonia Burócratas del Estado para cumplir con el pago de mil 200 pesos semanales, llevar comida a su hija y hablar con ella.

Sin embargo, aseguró, las encargadas del lugar le dijeron que podría verla hasta diciembre.

“A la siguiente semana fui, pero no nos dejaban entrar, nada más a la oficinita que tenían”, dijo el hombre en entrevista.

“Iba a llevarle el pago y comida, y no nos dejaban que la miráramos. Decían que nos iban a mandar fotos y puro pe… se me hizo sospechoso porque dijeron que… hasta diciembre la podíamos ver”.

Como otros familiares, Leonardo aseguró haber escuchado testimonios de maltratos al interior del centro contra las pacientes por parte del personal.

“Sí (había maltratos), que los vecinos oían cuando las golpeaban, que no sé qué”, dijo. “Pero ya cuando pasó la quemazón ya fue cuando se empezaron a hablar”.

El padre de familia recordó que al enterarse del incendio, llegó al centro con la esperanza de encontrar a su hija con vida.

“Me dijeron los judiciales que pasara para ver si estaba mi hija ahí, y sí pasé verdad, pero al no ver a mi hija supe que era una víctima que había fallecido ahí”, compartió. “Pues ya sabrá cómo me siento”.

Leonardo compartió que su hija era madre soltera de tres menores de 10, 12 y 14 años.

“El error fue haberla metido ahí, ¿pero uno cómo iba a saber que iba a pasar eso?”, lamentó.

El incendio en el anexo de la Colonia Burócratas del Estado se registró el pasado domingo, lo que provocó la muerte de dos mujeres de 14 años y la de Anapola, de 32.

El fiscal Javier Flores aseguró ayer que no se encontraron indicios de que el incendio haya sido provocado.

“En los peritajes de química no sale algún acelerador del incendio, entonces vamos a esperar qué trae el dictamen del incendio”, señaló el funcionario.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que en lo que va del año, ha abierto cada mes 10 asuntos relacionados con violaciones a derechos humanos en centros de adicciones.

Desde el 2015 hasta la fecha, la CEDH ha registrado 319 asuntos al respecto, algunos de ellos relacionados con agresiones sexuales y muertes de menores al interior de este tipo de centros, también conocidos como anexos.

Tan solo este año las quejas se han disparado un 300 por ciento, con un total de 70 casos desde enero.