Monclova, Coah.- Con su inseparable puro y ropa casual, Alonso Ancira Elizondo retornó sorpresivamente a la localidad después de casi 2 años de ausencia por conflictos judiciales con autoridades federales, pero estuvo únicamente por algunos momentos en el aeropuerto de AHMSA en Ciudad Frontera, para proveer de combustible su aeronave y continuar su viaje hacia Estados Unidos donde se reunió con su familia, y se someterá a estudios médicos.

Francisco Orduña, portavoz de la empresa, rechazó versiones de que autoridades federales le recogieron sus pasaportes mexicano y estadounidense, y aseguró que el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México no estuvo en la siderúrgica local, ni trató asuntos de negocios, aunque saludó a algunas amistades en el aeropuerto de la acerera enclavado en Frontera.

En Estados Unidos además de visitar su familia, el empresario minero siderúrgico quien es diabético y posee también la ciudadanía estadounidense, se sometería a amplios estudios médicos para valorar su estado de salud luego que el lunes recuperó su libertad abandonando el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde permanecía internado desde el 4 de febrero anterior.

Piden a juez invalidar acuerdo que liberó a Alonso Ancira

Una asociación civil solicitó a un juez federal declarar improcedente el acuerdo reparatorio por más de 216 millones de dólares que le devolvió la libertad a Alonso Ancira, ya que la ley no prevé este tipo de arreglo para el lavado de dinero.

La organización no gubernamental Tojil, presentó al juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, una solicitud para decretar como no celebrado el acuerdo entre Pemex y el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

En el escrito enviado al juez el pasado lunes, la asociación señala que el lavado no es un delito que requiera querella, tampoco es culposo ni patrimonial, requisitos que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales para que procedan los acuerdos reparatorios.

“En ese sentido, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado) no es susceptible de ser resuelto por acuerdo reparatorio”, dijo la ONG.

Permaneció Alonso casi dos años fuera del país

La última ocasión que Alonso Ancira había estado en la localidad fue el 20 de mayo de 2019, al sustentar rueda de prensa en las oficinas generales de Altos Hornos de México, de ahí voló a la Ciudad de México donde el día 22 participó en la asamblea de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.

Enseguida voló a Nueva York a visitar a su hija, y cuando estaba en la urbe de hierro, el Juez de Control, Artemio Zúñiga, le giró orden de captura con fecha 25 de mayo de 2019 la cual fue cumplimentada en España el día 28 del mismo mes; extraditado a México el 3 de febrero de 2021 y puesto en libertad el 19 de abril de 2021.

Durante su ausencia fallecieron sus hermanos Manuel y Guillermo Ancira.

Lavado no es delito culposo

El acuerdo impugnado obliga a Ancira a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares a Pemex en tres entregas de 72 millones 221 mil 346 dólares cada uno, el primero de ellos el 30 de noviembre próximo, el siguiente en la misma fecha del año entrante y el último también en el último día de noviembre de 2023.

En principio, la asociación representada por Adriana Greaves y Estefanía Medina, indica que la querella es un requisito de procedibilidad para delitos principalmente de orden fiscal y que la denuncia es la noticia criminal con que la autoridad puede iniciar o complementar una investigación.

En el caso del lavado de dinero, expone que no se requiere una querella como requisito para proceder a su investigación o sanción, pues se persigue de oficio, lo que implica que no admite un acuerdo reparatorio.

Y agrega que tampoco es un delito culposo porque el lavado no está dentro de la lista de ilícitos con esa categoría, señalados en el artículo 60 del Código Penal Federal.

El tercer aspecto es que, en el caso del lavado, el bien jurídico que tutela la Secretaría de Hacienda no es su patrimonio sino la protección del sistema financiero y la economía nacional, razón por la que tampoco es un delito patrimonial.