Hay algo que no cuadra en todo el escándalo de los contratos millonarios que recibe León Manuel Bartlett Álvarez de distintas dependencias del Gobierno federal. A simple vista el tema resulta tan burdo y tan escandaloso por el inocultable conflicto de interés y el tráfico de influencias que significa que el hijo de un integrante del Gabinete presidencial esté recibiendo contratos —algunos por asignación directa— por casi 200 millones de pesos, que podría equipararse incluso al caso de la casa blanca de Peña Nieto, por el tamaño del conflicto de interés que involucra.

Peor aún, cuando una parte de esos contratos se le entrega al hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, justo en la emergencia sanitaria por el coronavirus y por parte de las dependencias del Sector Salud que son las únicas que tienen en estos momentos recursos para contratar servicios, incluso por asignación directa, con el argumento de la urgencia por la pandemia. El hecho de que esas dependencias, IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar, hayan optado por asignarle sus contrataciones urgentes precisamente a León Manuel Bartlett, de entre tantos proveedores posibles, no parece una decisión que hayan tomado por descuido o a la ligera los directores administrativos u oficiales mayores, vaya ni siquiera los directores o secretarios.

Entre los miembros del Gabinete es sabido que en este Gobierno todos los contratos públicos de cualquier dependencia, que rebasen los 20 o 30 millones de pesos, personalmente los ve el presidente López Obrador y él decide si la empresa o el empresario que va a ser contratado por las secretarías, ya sea por licitación o por asignación directa —un método legal del que han abusado en esta Administración— es la correcta.

Bajo esa lógica los contratos al hijo de Manuel Bartlett debieron ser “palomeados” previamente en Palacio Nacional. Pero asignarle contratos a un hijo de un miembro de su Gabinete no es algo que encaje para nada en el discurso anticorrupción del Presidente.

Dice un dicho que utiliza con frecuencia el Presidente, que “en política lo que no suena lógico, suena metálico”, y aquí no suena lógico que tantas dependencias del Gobierno hubieran actuado de manera sincronizada y concertada para “ayudar” a León Bartlett y a su acaudalada familia a aumentar su cuantiosa fortuna. Lo que nos lleva a pensar en lo metálico: una de dos, o con tantos contratos “de emergencia” entregados al hijo de Bartlett están armando un fondo para financiar otras cosas —un “cochinito”, pues— conociendo bien cómo opera Bartlett, o el hijo de don Manuel es prestanombres de alguien más.

Todo esto se puede convertir en el equivalente a la casa blanca de Peña Nieto, por el evidente conflicto de interés y el tráfico de influencias que representa, con el agravante de que en el sexenio pasado la corrupción era aceptada, tolerada y hasta promovida por el entonces Presidente que llegó a justificarla como “un fenómeno cultural”, mientras que ahora el presidente López Obrador ha decretado no una, sino varias veces, que “la corrupción ya se acabó” y que en su Gobierno “los corruptos ya no tienen cabida”.

Y si hoy no hay una condena total a estos contratos y el Presidente no ordena una investigación y una sanción ejemplar para saber quién y por qué decidieron otorgarle contratos millonarios al hijo de un destacado miembro de su Gabinete, entonces pasarán dos cosas: el discurso y la credibilidad del Presidente se harán añicos y se confirmaría que en una operación tan burda y tan expuesta, solo puede haber dos explicaciones: o es cinismo puro, o aquí hay, no gato, sino León encerrado.