POR: MANUEL J. JÁUREGUI
Tan pronto como hoy, estimados lectores, existe la posibilidad de que la democracia mexicana sea “asesinada”, a manos de “sicarios” a sueldo del Presidente y que son los legisladores sumisos que se prestaron a aprobar una contrarreforma electoral “inconstitucional” que destruye al Instituto Nacional Electoral.
No existe la menor duda de lo anterior, pues el mismo senador, Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista, había reconocido que cuando menos 15 puntos de la “corregida” iniciativa presidencial siguen siendo “inconstitucionales”.
Eran 21, pero el “correveydile” enviado presidencial a la Cámara alta, Adán Augusto López, secretario de Gobernación y “corcholata” (quien indebidamente acudió al Senado para presionar él directamente, violando la división de poderes), aceptó que se corrigieran seis de las más aberrantes inconstitucionalidades de este capricho amlista.
Podrá pensarse que siempre existe la posibilidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, y en consecuencia declarar inconstitucional el intento de asonada.
Sí, solo que en esto hay una “trampa” enorme que pudiera invalidar esta opción. Verán: el mandato del actual ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, termina el 31 de este mes; lo cual quiere decir que no le tocará a él llevar el caso de la solicitud de inconstitucionalidad, sino al “nuevo” presidente(a) que será elegido los primeros días de enero.
Muy seguro está el Pedro Castillo mexicano, diferente, pero igual de golpista, el señor Andrés Manuel, que a él le tocará “imponer” al nuevo presidente de la SCJN.
El Presidente metió como ministra en 2019 a una de sus fichas, Yasmín Esquivel, alguien muy afín a él. Con este punto de apoyo en la presidencia de la SCJN puede López Obrador apalancarse para doblar a los solo cuatro ministros que requiere para que dejen intacto su inconstitucional y golpista “Plan B”.
¡México está en grave peligro, damas y caballeros, niñas y niños! Ayer fue un día crucial, pues el Pleno del Senado votó en lo general a favor de las “modificaciones” de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.
Con ello, reduce a ornamental el papel del consejero presidente del INE, sea quien sea, le resta facultades al Instituto y lo debilita, económica y factualmente, al igual que a los organismos electorales estatales.
Lograrían con esta ley López Obrador y sus acólitos lo que el inepto de Pedro Castillo no pudo concretar en Perú: orquestar un golpe de Estado desbandando al Congreso.
Aquí lo puede lograr AMLO desbandando al INE, convirtiendo a las elecciones mexicanas en lo que eran en la época del PRI: elecciones de Estado, que es lo mismo que decir un concurso olímpico de marranadas en las que se toman por asalto los puestos públicos bajo un disfraz de seudolegitimidad que nadie comprará.
“Retrocedemos”, pues, en el sendero de las prácticas democráticas: la cuarta trastornación nos retorna de un saltapatrás a un negro pasado del cual recién escapamos hace apenas 22 años.
Este Gobierno troglodita pretende –y está a un tris de lograrlo, no lo duden– regresarnos a la edad de piedra política, al Gobierno monopartidista, a la dictadura de partido, a un Gobierno presidencialista, absolutista, totalitario, que asemeja más una dictadura que cualquier otra cosa.
Uno en el que un solo hombre (o mujer) toma en México todas las decisiones y que impone a 130 millones de mexicanos sus ideas, caprichos, prejuicios y resentimientos.
No es poco lo que está en juego hoy día, no es para nada inconsecuente lo que los senadores decidieron ayer. En los casi 50 años que tenemos de estar pendientes de los sucesos relativos al Gobierno en sus tres niveles “nunca” habíamos presenciado algo como esto.
Esto es, el “descarado” asalto a la razón democrática, la “violación” sistemática de todas las leyes que nos rigen, la conducta tan “bandolera” de los servidores públicos, estos sirviendo los intereses de un minigrupo político obsesionado con la conquista y la conservación del poder a cualquier costo.
Lo anterior, pasando por encima y “atropellando” los intereses “supremos” de la nación y de su buena marcha.
¡A estos truhanes no les importa México: solo sus muy peculiares intereses personales y partidistas!
Les tiene sin cuidado que con sus “desfiguros” destruyen lo mucho bueno que han logrado anteriores generaciones, al tiempo que ellos no contribuyen ni un ápice al progreso, al desarrollo, a la justicia, la paz y al imperio de la ley en México.
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