Se trata del municipio de Coahuila que ocupa el lugar 35 de 38 en número de habitantes: Guerrero, un lugar que no sería “noticia” salvo por algún incidente grave de inseguridad, como ha ocurrido en su día con Villa Unión (2019), Allende (2011) o Piedras Negras (2012), sus vecinos.

Sin embargo, un caso interesante se fragua en el Pueblo Mágico de la Región Norte del estado.

En su libro Ni Vivos ni Muertos, el autor italiano Federico Mastrogiovanni establece una inquietante hipótesis: en la Cuenca de Burgos (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) el Estado mexicano ha despoblado la zona mediante una política criminal con varios objetivos: “limpiar” el territorio en cuyo subsuelo hay gas shale, desarticular el tejido social e inhibir eventuales oposiciones a su explotación.

Como es obvio, difícilmente podremos acceder a un hipotético documento de carácter oficial donde conste una estrategia militar o paramilitar que soporte plenamente la teoría, pero existe una correlación importante entre algunos eventos del pasado y el presente que ayudan a demostrarla.

Mastrogiovanni apoya su argumento en varias constantes: regiones ricas en recursos energéticos donde se permite que se genere o se difunda un alto nivel de violencia, con un gran número de asesinatos y desapariciones a fin de sembrar terror en la población y agilizar el desplazamiento forzado de quienes viven ahí.

Y ha tenido resultado, a juzgar por las evidencias: Guerrero, nuestro protagonista, perdió una quinta parte de su población total entre 2010 y 2020, al pasar de 2 mil 91 habitantes a mil 643, de acuerdo con el reciente censo del Inegi.

El municipio se compone de tierras (ranchos cinegéticos, predominantemente) que poseen un aparente bajo valor inmobiliario en el mercado, en el semidesierto que yace entre la Región Carbonífera y la franja fronteriza. El mes pasado, no obstante, se publicó en el Periódico Oficial (12 de febrero) un decreto aprobado por el Congreso del Estado el 23 de diciembre de 2020, el cual valida un acuerdo del Ayuntamiento de Guerrero (sin mencionar cuál, ojo) “para continuar con las enajenaciones a título gratuito” de 76 hectáreas “que constituyen el asentamiento humano irregular denominado ‘El Pelillal’, ubicado en el ejido Santa Mónica”, sobre la carretera Villa Unión-Guerrero.

“La autorización es exclusivamente para continuar con el trámite de escrituración y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra”, dice el documento, y está condicionada a formalizarse durante la Administración Municipal actual (2019-2021).

Lo anterior no tendría mayor inconveniente de no ser porque dicha superficie originalmente había sido desincorporada mediante decreto el 11 de marzo de 2008, hace 13 años, “para reserva territorial del Municipio”, y posteriormente, mediante decreto publicado el 11 de julio de 2008 en el Periódico Oficial, se estableció que sería con el objetivo de “construir viviendas habitacionales, escuela, centro de salud, plaza pública, unidad deportiva, una biblioteca, además de reserva territorial para desarrollo industrial, agrícola, ganadero y cinegético”.

Nada de lo anterior sucedió. Trece años después, por el contrario, pasa a manos privadas y anónimas. Gratis, además. Y no es poca cosa 760 mil metros cuadrados. Lo curioso es que dicha localidad, Santa Mónica, tenía solo 324 habitantes en 2010. En su mayoría hombres mayores de 40 años, y a partir del segundo trimestre de 2020 no hubo permisos, concesiones ni autorizaciones en el Municipio “con motivo de la emergencia sanitaria”, según información oficial.

Ahora bien, el 18 de febrero de 2019, en el acta de Cabildo 004/2019 (redactada de puño y letra con bolígrafo en hojas de cuaderno, por lo demás) del Ayuntamiento de Guerrero, se menciona literalmente que “la Alcaldesa (Matilde Estrada Torres, del PAN) comentó que acudió a la ciudad de Saltillo a la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC), donde el Ing. Miguel Ángel Leal Reyes tuvo a bien analizar la situación de ‘El Pelillal’, surgiendo algunas controversias en el plano presentado y la documentación que se le otorgó en su momento a los beneficiarios; la Alcaldesa manifiesta que el Municipio no cuenta con nada de documentación del procedimiento que se realizó en administraciones anteriores”.

Cortita y al pie

Cito a Mastrogiovanni en un párrafo esclarecedor: “Después de los años de terror y desplazamiento forzado, llega un momento de paz aparente en el que baja el nivel de violencia, o por lo menos baja en los medios de comunicación y en la percepción colectiva. En los territorios de interés estratégico entran formalmente el Ejército o las fuerzas de policía, y ocupan ‘legítimamente’ los territorios. Luego se crean las condiciones para que las empresas se instalen y empiecen a explotar, por medio de concesiones, las tierras que el Estado les entrega. De tal modo se adueñan, de facto, de territorios que le pertenecen al pueblo”.

La última y nos vamos

Ante nuestros ojos tenemos un municipio que poco a poco se va despoblando, ubicado en una zona rica en recursos energéticos en el subsuelo, con territorios propiedad del Estado que pasan a manos anónimas particulares de forma gratuita. Todo en la misma década.
Así el círculo se va cerrando.