Organizaciones ciudadanas y medios de comunicación del país y el extranjero hicieron el trabajo de congresos y partidos de oposición: poner bajo la lupa a gobernadores venales que hoy están entre rejas en México y Estados Unidos o son investigados en ambos países. Otro factor que atizó la inquina social, determinante, en algunos casos, para lograr la alternancia en estados donde el PRI había gobernado 80 años o más, fue la ostentación de políticos llegados al poder para cambiar de estatus y convertirse, en un sexenio o menos, en dueños de fortunas, ranchos, fraccionamientos y medios de comunicación.

La corrupción no es monopolio de los gobernadores del PRI. Pablo Salazar (Chiapas) y Narciso Agúndez (Baja California Sur), del PRD, así como Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes) y Guillermo Padrés (Sonora), del PAN, también han estado presos por delitos de corrupción. Sin embargo, frente a los desmanes de los Duarte en Veracruz y Chihuahua, los Moreira en Coahuila, los Medina en Nuevo León y los Borge en Quintana Roo, parecen párvulos. En estas entidades, la deuda y la violencia se dispararon significativamente, pero solo en la nuestra se contrataron créditos de manera ilegal.

La advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, según la cual los poderes público y económico se confabulaban para obtener beneficios mutuos de la corrupción se cumple cabalmente en los estados donde esas estructuras permanecen intactas. La atonía de las cámaras empresariales y el silencio de algunos sectores de la prensa lo suplieron, en el caso de Coahuila, organizaciones como Participación Ciudadana 29 (PC29). Previo a las elecciones de 2017, en las cuales el estado estuvo a un paso de la alternancia, PC29 realizó plantones frente al Palacio de Gobierno y la Casa de Gobierno de Torreón en protesta contra la corrupción del “moreirato”.

A escala nacional, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció la Estafa Maestra, por la cual la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, tiene más de un año en el penal de Santa Marta Acatita. El expresidente Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial, José Antonio Meade, podrían ser encausados por el mismo caso. La trama para desviar recursos públicos a campañas del PRI, con la participación de universidades públicas y secretarías de Estado, le costó al país más de 7 mil 760 millones de pesos.

En la investigación Megadeuda en Coahuila: Justicia Simulada (2019), desarrollada por Lucía Pérez Paz y Magda Guardiola, MCCI desnudó el sistema de procuración y administración de justicia en el estado, donde el “moreirato” tiene todavía algunos peones como los magistrados Homero Ramos Gloria (exprocurador), Luis Efrén Ríos (muñidor electoral del PRI) e Iván Garza (exsecretario de Rubén Moreira):

“Desde hace ocho años, cuando en Coahuila hubo un histórico endeudamiento por 35 mil millones de pesos, se abrieron investigaciones oficiales. Una de ellas, la impulsada por la Fiscalía estatal, fue una farsa: no incluyeron la prueba principal. La posibilidad de castigar a los culpables se vino abajo. Esto no fue un yerro cualquiera, los magistrados que atendieron este caso calificaron como ‘incomprensibles’ esos errores. Esto sucedió durante el Gobierno interino de Jorge Torres, del círculo político del controvertido exgobernador Humberto Moreira”.

El clan premia a sus leales. “Adrián González, el juez que absolvió a los involucrados, dejó su cargo en el Juzgado Segundo en Materia Penal del Distrito de Saltillo, para ser nombrado el 10 de mayo de 2017 magistrado, a propuesta del gobernador Rubén Moreira Valdés, hermano de Humberto y sucesor en el cargo”, dice MCCI.