El año pasado Telefónica-Movistar decidió devolver sus concesiones de espectro radioeléctrico al Estado mexicano, dejó de operar torres celulares y pasó a rentarle capacidad a AT&T.

En los hechos, la compañía que comanda aquí Camilo Ayo se convirtió en un operador móvil virtual (MVNO). Con ello el Gobierno dejó de recibir unos 4 mil 500 millones de pesos de contraprestación anuales.

Pero ahora la mismísima AT&T, que preside en nuestro país Mónica Aspe, está evaluando salir de México, dada la laxa capacidad regulatoria del Estado mexicano.

De hecho, a mediados de diciembre estuvo aquí John Stankey, CEO de AT&T Global, para evaluar sus operaciones locales. Tan a disgusto está con los reguladores, que ni siquiera se juntó con ninguna autoridad.

Hablamos desde Andrés Manuel López Obrador hasta los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Economía, Tatiana Clouthier. Ni se diga el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adolfo Cuevas.

De irse de México AT&T, se quedarían sin servicio sus 19 millones de clientes y dado que también le renta infraestructura a Telefónica-Movistar, otros 26 millones de abonados se quedarían sin operador.

Las quejas de las telefónicas, tanto móviles como fijas, versan sobre la laxitud con que el IFT ha regulado la preponderancia de Telcel, que dirige Daniel Haaj, como la flexibilización tarifaria.

Pero ya no nada más son las telefónicas nacionales e internacionales que operan en México: el 12 de enero la USTR, que capitanea Katherine Tai, pidió una conferencia telefónica con la Secretaría de Economía.

En esa llamada se expresó formalmente la molestia de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos por la ausencia de regulación para con Telcel-Telmex, el duopolio de Carlos Slim Helú.

La subsecretaria Luz María de la Mora enlazó a funcionarios del IFT para que escucharan la advertencia de que a falta de cumplimiento de la ley, se podría abrir un panel de disputa arbitral en el T-MEC.

En particular, pues esta semana el IFT pretende resolver si le da a Claro, también de Slim, el permiso para ofrecer servicios de video vinculado a Telmex, empresa que tiene prohibiciones por su título de concesión y el régimen de preponderancia.

El sector telecomunicaciones está que hierve, luego de que se ha venido relajando la aplicación de la ley, poniendo en riesgo el servicio a 45 millones de usuarios e inversiones que hacen la competencia a Telcel.

Esa competencia ha promediado inversiones anuales de 815 millones de dólares en los últimos cinco años, que equivalen a tres veces las de Telcel y América Móvil, cuando se comparan en función de los ingresos que cada uno obtiene.

POR SI TODO lo anterior no fuera suficiente, tampoco se ha resuelto el litigio entre Telcel, Hacienda y el IFT sobre el impago de más de mil millones de pesos para que una buena parte de las concesiones del primero puedan usarse para dar servicios 5G. Tampoco se han resuelto los problemas de interferencia en otra banda de Telcel para 5G, que alega el Gobierno. En este contexto tan complejo de omisión de pagos millonarios de Telcel a la hacienda pública, quejas del Gobierno de Joe Biden y la amenaza de demandas internacionales, sumados al repliegue de Telefónica-Movistar y ahora la no remota salida de AT&T, Carlos Slim Domit y sus abogados se reunirán hoy a las 11 de la mañana con los comisionados del IFT. Por si no hubiera suficientes temas complejos y pendientes económicos en la mesa, los de Telcel-Telmex van a abogar para que en la sesión del pleno del IFT de el miércoles le otorguen a Claro Video el servicio de televisión, aunque dejaron “morir” por falta de documentos la solicitud que había presentado de manera directa Telmex.

En la 4T ya empiezan a ver con preocupación el mal ambiente internacional que se observa en el sector telecomunicaciones, en buena medida por las ocurrencias y mensajes contradictorios que ha operado Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. Luego de estos yerros, en las últimas semanas se ha tenido que involucrar tanto a Tatiana Clouthier como al propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Veremos qué sucede esta semana. Pero es una señal ominosa que Citi esté vendiendo Banamex, que las empresas energéticas ya no inviertan en México y ahora que las telefónicas estén evaluando irse, mientras que la nacional se resiste a pagar las contraprestaciones debidas.

TAL CUAL LE adelantamos el jueves, “cortocircuito” hicieron los gobiernos de Estados Unidos y México, ooootro más, tras de que estuvo aquí la secretaria de Energía del vecino país, Jennifer Granholm. Mientras Andrés Manuel López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmaban que la reforma energética no es tema de preocupación para Estados Unidos, que las pláticas fueron cordiales y que hay voluntad de las partes para avanzar en una agenda de colaboración en este tema, antes del encuentro en Palacio Nacional la propia Granholm, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y la representante comercial, Katherine Tai, expresaron en una carta al congresista Earl L. Carter las preocupaciones sobre las implicaciones que podría tener la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador. Refieren en la misiva que entienden y comparten preocupaciones respecto de la reforma y las acciones recientes del Gobierno de la 4T que afectan a empresas e inversiones estadunidenses en el rubro energético.

AL CALOR DEL inicio hace una semana del parlamento abierto para discutir esa contrareforma eléctrica, la CFE asignó entre el jueves y viernes pasados cinco plantas de ciclo combinado que implican una inversión pública cercana a los 2 mil 750 millones de dólares. Se trata de Mérida, de 509 megawatts, y Valladolid, de mil 37 megawatts. Las ganó la japonesa Mitsubishi, que dirige en México Miguel Vallejo. Asimismo, San Luis Río Colorado, de 680 megawatts; Tuxpan Fase 1, de mil 86 megawatts, y González Ortega, en Mexicali, de 250 megawatts. Las tres para la alemana Siemens, que preside aquí Alejandro Preinfalk. Estas firmas proveerán los equipos, tecnología y la construcción, conjuntamente con compañías especializadas en la procura de la obra, que ahora mismo los pupilos de Manuel Bartlett están seleccionando para cada planta.

MÁS TEMPRANO DE lo que le reportamos, el viernes ya se conoció que un juez impuso medidas cautelares a Citi para que no venda Banamex en tanto no se resuelve la demanda que contra ese grupo interpuso Amado Yáñez. Le decía que tras el anuncio de la desincorporación de la banca de menudeo, Afore y otros activos de la institución que preside aquí Manuel Romo, el excontratista de Pemex buscaría sacar raja. Efectivamente, pide una indeminización de poco más de 5 mil millones de dólares por la quiebra de su empresa Oceanografía. El grupo que encabeza Jane Fraser ya contestó que apelará la decisión del juez y que la venta no se detendrá.