Ciudad de México.-Morena y aliados en el Senado aprobaron la reforma a la Ley de Adquisiciones que permite al Gobierno negociar con contratistas obras y servicios previo a procesos de licitación.

Este dictamen, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 1 de abril, también exenta a las Fuerzas Armadas y a las empresas públicas del Estado, como Pemex y CFE, de trámites y de la obligación de transparentar las obras públicas a su cargo, cuando se trate de proyectos “prioritarios” o “estratégicos”.

El esquema aprobado con la Ley de Obras Públicas establece la fórmula de Asignación Directa con Estrategia de Negociación con un cronograma definido.

El día uno, indica el documento, Hacienda y Crédito Público difundirá la solicitud en la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que sustituye al sistema CompraNet. El día dos, los interesados confirman su participación a través de la plataforma.
En los días tres y cuatro será el tiempo disponible para la presentación de Cotizaciones (técnica y económica), mientras que al final del cuarto día hay un espacio para la apertura de cotizaciones.

El mecanismo funcionará siempre que haya la confirmación de al menos dos personas físicas o morales.

En el día cinco, se notificará a los cotizantes el resultado, informando fecha, hora y lugar para llevar a cabo el acto de negociación.

De acuerdo con la bancada del PAN, “lo importante de este mecanismo de adjudicación directa con estrategia de negociaciones que la autoridad recibe dentro de los primeros cinco días, es que la autoridad se sienta con cada uno de los cotizantes a ‘negociar’ la cotización económica, es decir, la propuesta económica”.

Antes de que se levantara la sesión, el senador panista Marko Cortés protestó por el albazo que Morena estaba por consumar.

“¿Saben qué es lo que están haciendo? Legalizar los moches. Lo que están haciendo es que la autoridad se pueda sentar con los contratistas a pactar antes de que se haga la licitación y lo quieren hacer así, forzado, sin que se conozca el dictamen, sin que ni siquiera los legisladores de las comisiones estén preparados para dar el debate en el Pleno”, previno.

En opinión del ex dirigente panista, la 4T pretende “generar una suerte de mecanismo, dándose una licencia para robar, dándose la licencia de poderse sentar a convenir antes de firmar. Eso es lo que está ocurriendo.

“Lo que quiere el presidente del Senado es que le pase de noche a los medios de comunicación; es que la gente no sepa la atrocidad que están haciendo, dándose una licencia para robar, dándose la licencia de sentarse a pactar en lo oscurito y que además sea legal.

“Están aprobando una forma de poder asignar los contratos con una legal previa negociación. Miren a qué hemos llegado: a matar la licitación pública establecida en el artículo 134 constitucional. Van a licitar después de haber acordado y, además, no se les va a poder sancionar porque lo están legalizando. Están legalizando los moches, los cochupos. Y, por eso, presidente, lo quisieron hacer hoy jueves, previo a Semana Santa.”

A tono con el panista, el senador Clemente Castañeda, de MC, advirtió que, sin una regulación adecuada, la figura que sería aprobada “podría incrementar la discrecionalidad y el favoritismo en la asignación de contratos, en un marco de diálogo, además de abrir espacios fuera de la ley”.

El senador morenista Miguel Ángel Yunes Márquez explicó que con la nueva regulación se podrá garantizar que “ninguna persona, servidora pública o particular, pueda beneficiarse con recursos económicos que deben ser utilizados en beneficio de la población.”

El Pleno también aprobó la expedición de una Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos y reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Morena consumó la desaparición de Compranet que, a ojos de la senadora priista Cristina Ruiz, implicará “robar con la luz apagada. Nos venden la tienda digital del Gobierno, sí, como una solución, pero lo que están creando es una tienda sin vitrinas, sin licitaciones y sin vigilancia”.

La desaparición de ese sistema y la incorporación de una nueva plataforma digital representa un peligro que, en opinión del senador Castañeda, podría auspiciar la pérdida de información de 2.6 millones de contratos por un monto de 9.9 billones de pesos de los sexenios pasados.