Ciudad de México.- En medio de críticas por la deuda prevista para 2026, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos.

El instrumento, que contiene los conceptos y las estimaciones para la recaudación del próximo año, fue aprobada por 349 votos a favor y 128 en contra.

El proyecto prevé un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8 por ciento para 2026, un tipo de cambio nominal promedio de 19.3 pesos por dólar, una plataforma de producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios y un precio promedio de 54.9 dólares de la mezcla mexicana.

Las estimaciones indican que el Gobierno federal prevé ingresos por más de 10 billones 193 mil millones de pesos, de los cuales 5 billones 838 mil millones corresponderán a impuestos, un billón 630 mil millones a ingresos por ventas, prestaciones y servicios y un monto de endeudamiento neto interno de hasta un billón 780 mil millones de pesos.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Carol Antonio Altamirano, afirmó que la Ley de Ingresos 2026 consolida la recaudación federal mediante un mejor combate a la evasión fiscal y a una mayor eficiencia tributaria.

A pesar de que en los últimos días, Morena y sus aliados aprobaron incrementos al pago de servicios prestados por el Estado y al IEPS y gravaron nuevos productos con este impuesto, aseguró que la consolidación fiscal ocurrirá sin crear nuevos impuestos ni subir el IVA ni el ISR.

El legislador sostuvo que las estimaciones en materia de ingresos reflejan una nueva solidez de las finanzas públicas, que han dejado de depender del petróleo y que ahora se enfocan en la recaudación tributaria.

No obstante, reconoció que la ley prevé un monto de endeudamiento neto interno de hasta 1.7 billones de pesos, con lo que, medida con el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, se ubicará en 52.3 por ciento del PIB al cierre del ejercicio fiscal.

“Esta Ley de Ingresos garantiza los recursos necesarios para financiar los programas sociales, consolidar las obras y proyectos de inversión”, afirmó.

Durante el debate, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que en la Ley de Ingresos, el Gobierno federal presume una recaudación de más 10 billones de deudas, pero la cuarta parte, provendrá de deuda pública.

Apuntó que la prevista para 2026 es la mayor deuda en tres décadas, de ahí que alcanzará 52.3 por ciento del PIB y cada mexicano deberá 151 mil pesos, cifra que equivale a 542 días de salario mínimo.

Agregó que tres de cada cuatro pesos de los ingresos ya están comprometidos en pensiones, intereses y participaciones, y sólo 17 mil pesos por habitante quedarán para la salud, educación y desarrollo humano.

El panista advirtió que la Ley de Ingresos no hace nada para mejorar la recaudación, a pesar de que México continúa siendo el último país en materia de recaudación de la OCDE, con apenas el 16.9 por ciento del PIB.

“Sólo el 16 por ciento de la población económicamente activa paga impuestos regularmente y el 17 por ciento del IVA se evade impunemente. ¿Y qué hace este Gobierno para corregirlo en esta ley? Nada”, afirmó.

El emecista Gustavo de Hoyos subrayó que la Ley de Ingresos es un instrumento que depende mucho de la deuda y no de la eficiencia.

Como ejemplo, indicó que establece un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento, cuando los organismos internacionales señalan que será de apenas 1.1 por ciento, lo que revela una clara desconexión entre la retórica oficial y la realidad económica.

Detalló que el Gobierno federal calcula ingresos totales por más de 10 billones de pesos, pero uno de cada siete pesos provendrá de endeudamiento.

En materia de recaudación, señaló que el Gobierno insiste en sostener la recaudación sobre la misma base de siempre: los impuestos al consumo y los ingresos a los contribuyentes cautivos, mientras que en ISR repite los errores de siempre, porque castiga por igual a quienes emprenden y a quienes ya están consolidados.

Sobre el IVA, dijo que aunque es uno de los impuestos más estables del País, sigue recayendo de manera desproporcionada en los consumidores, afectando el nivel adquisitivo de millones de hogares y reduciendo la capacidad de consumo interno.

“No estamos ante una política de desarrollo, sino ante una política de financiamiento del estancamiento”, acusó.