Ciudad de México.- Sin tomar en cuenta las observaciones de expertos que durante tres días de audiencias advirtieron riesgos, la mayoría en las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las Comisiones avalaron un único cambio, al eliminar la retroactividad de las modificaciones.

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, señala la nueva redacción del transitorio que el Senado introdujo de último momento y que el propio coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que era inconstitucional.

La aprobación con 56 votos a favor, 11 en contra de PRI y MC -el PAN dejó la sesión antes de la votación- y una abstención de la morenista Olga

Sánchez Cordero, se llevó a cabo en medio de reclamos de la Oposición, que acusó un albazo de Morena para convocar las audiencias y, a pesar de eso, no retomaron en el dictamen las recomendaciones de los especialistas.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, reconoció que el dictamen a discusión era el que se distribuyó el 8 de octubre pasado, es decir, dos días antes de la primera de tres audiencias, el viernes pasado.

“El tema es que este dictamen se circuló desde hace cinco días, antes de las audiencias”, dijo el legislador, tras comprometerse a distribuir, posteriormente, las participaciones de los especialistas.

El dictamen redefine el interés legítimo y acota la suspensión provisional al prohibirla en casos de bloqueos de cuentas ordenados por la UIF, conductas ilícitas que pudieran dañar el sistema financiero y en los casos de revocación de permisos, concesiones o autorizaciones emitida por autoridades federales.

Limita también el recurso de revocación al incluir como supuestos de improcedencia créditos fiscales firmes, determinaciones que resuelvan solicitudes de prescripción y cuando el contribuyente manifieste desconocer el acto.

Además, introduce el “interés social, el orden e interés público” como elemento que debe ponderar el Juez al conocer una medida cautelar y extiende de 60 a 90 días naturales el plazo para que el Juez dicte la sentencia de amparo, a partir de la audiencia final del juicio.

Julio César Moreno afirmó que el objetivo de la iniciativa es modernizar el juicio de amparo y evitar abusos procesales que paralicen políticas públicas o leyes aprobadas por el Congreso.

El morenista detalló que entre sus puntos principales destaca limitar los efectos generales de las suspensiones, fortalecer el acceso a la justicia mediante medios digitales, agilizar la resolución de los juicios y revisar los criterios del interés jurídico y legítimo.

Pero la Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, a quien incluso la panista Verónica Pérez le cedió su tiempo para que concluyera su intervención, puso el dedo en la llaga precisamente en estos temas.

Sobre interés legítimo, la morenista dijo que es un concepto indeterminado, cuya existencia debe ponderarse y valorarse por el juez competente en cada caso concreto, por lo que no puede definirse de antemano, como lo hace la reforma.

Cordero se dijo preocupada por las acciones colectivas o difusas, como las promovidas por la comunidad LGBT, consumidores, pueblos indígenas, grupos vecinales, defensores del medio ambiente o trabajadores jubilados.

“La definición que ahora se propone de interés legítimo individual o colectivo condicionado a demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto restringe, en mi opinión, el acceso a la justicia constitucional”, afirmó.

Tras reconocer que sí se cometieron abusos y excesos, la legisladora de Morena llamó a sus pares a modificar o matizar la reforma en este punto y en lo referente a la procedencia del amparo, suspensiones, cumplimiento de sentencias y firma electrónica y brecha digital.

“¿Qué harían las comunidades verdaderamente alejadas, especialmente los pueblos y comunidades indígenas para interponer un juicio de amparo o suscribir electrónicamente sus promociones?”, cuestionó.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, reprochó a la mayoría que accediera a modificar sólo un transitorio, porque los regañó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Piensan que enmendando un artículo van a poder corregir la serie de regresiones democráticas y jurídicas que contiene el dictamen”, dijo.

Homero Niño de Rivera, del PAN, advirtió que la reforma desvirtúa las defensas que los ciudadanos tienen frente al poder lo cual, advirtió, es una traición a los ciudadanos que votaron por ellos.

“Es normal que a los Gobiernos autoritarios les estorbe el amparo, porque el amparo es un mecanismo que tenemos los ciudadanos en defensa, precisamente de los Gobiernos autoritarios”, dijo.