Ciudad de México.- El dictamen de reforma que plantea castigos contra quien utilice identidades oficiales para realizar parodias fue aprobado este miércoles en comisiones del Senado.

Gran parte de la discusión se centró principalmente por la propuesta establecida en el Artículo 403 Bis, el cual fue finalmente modificado, luego de que la Oposición señaló que éste podría restringir la libertad de expresión al considerar penas de cárcel a quien promoviera parodias utilizando la identidad gráfica del Gobierno.

Finalmente, la bancada de Morena en la Cámara alta matizó y elimino parte del señalado artículo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En sesión de comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos, los grupos parlamentarios del PAN, MC y PRI habían considerado “excesivo” ese artículo y advertido que votarían en contra.

“Nosotros tenemos como lema ‘prohibido prohibir'”, intervino la morenista Malú Micher.

“Tenemos que quitar esa narrativa de censura”, planteó el también morenista Saúl Monreal.

Correspondió a su correligionario Javier Corral cantar la modificación al artículo 403 BIS y, de entrada, se redujo de uno a cinco años de cárcel la pena propuesta e vez siete.

Se eliminó la frase “cualquier otro signo” de carácter oficial y la alusión a medios electrónicos, digitales o tecnológicos..

El artículo original establecía: “Se impondrá de tres a siete años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier otro signo de carácter oficial, perteneciente a los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir a error o engaño a una o más personas, a través de cualquier medio, incluyendo electrónicos, digitales o tecnológicos”.

La propuesta que presentó Corral reza:

“Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.