Para nadie es un secreto que Andrés Manuel López Obrador no confía ni quiere a las instituciones autónomas del Estado mexicano. Lo que durante las últimas tres décadas fue un avance para la sociedad, con la creación de instituciones que tuvieran plena autonomía presupuestal y facultades propias para volverse contrapeso del Gobierno y, en particular del presidencialismo autoritario que nos gobernó por más de siete décadas, hoy son vistas como un “inconveniente” para el estilo de gobernar del Presidente, que quiere controlarlo todo.

Así, instituciones cuya construcción, consolidación y fortalecimiento nos costaron miles de millones de pesos en impuestos a los mexicanos hoy están bajo asedio y acoso desde el Poder Ejecutivo que busca en algunos casos intervenir y controlar y en otros de plano desaparecer a los organismos autónomos encargados lo mismo de garantizar elecciones libres, limpias y equitativas, como el INE; de manejar los datos, cifras y estadísticas de la información económica y social del país de manera profesional y sin sesgos políticos, como el Inegi; o para defender los derechos humanos de los abusos de la autoridad, como la CNDH; para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública como el Inai o incluso para manejar la política monetaria y financiera sin las tentaciones del capricho y la discrecionalidad presidencial, como el Banco de México, entre otras más.

Los escarceos presidenciales contra el INE, por ejemplo, son constantes. López Obrador no se cansa de repetir que la democracia en el país comenzó con su triunfo de 2018, cuando en realidad llevamos más de dos décadas de elecciones libres organizadas, ejecutadas y vigiladas por los ciudadanos.

En el Inai tienen muy clara la animadversión del Presidente no solo por los recortes a su presupuesto, sino también por el tema de la transparencia que, a pesar de aparecer en el reciente mensaje de López Obrador, con motivo de sus dos años de Gobierno, no es un valor al que este Gobierno considere
prioritario.

En el caso del Banco de México, artífice de la estabilidad económica, monetaria y de la solidez del sistema bancario y financiero, López Obrador ha sido respetuoso, a pesar de los desencuentros. Los dos nombramientos de integrantes del banco central que le han correspondido al Presidente, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, han demostrado ser dos profesionales sin sesgos políticos o ideológicos.

Caso muy distinto es lo que hizo la 4T y el presidente con la CNDH, en donde la controvertida designación de Rosario Piedra Ibarra ha resultado un grave retroceso para la autonomía de la Comisión.

Por todo, es muy relevante estar atentos a lo que ocurrirá con la propuesta de Graciela Márquez como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Inegi.

López Obrador ha sido claro en que su interés es que su exsecretaria de Economía se integre al Inegi para que el próximo año esté en posibilidades de competir por la presidencia del organismo.

Si Graciela Márquez va a actuar con independencia, profesionalismo y sin apasionamientos ideológicos en el Inegi, bienvenida una mujer con experiencia y conocimientos académicos suficientes para fortalecer las labores del organismo autónomo, pero si va con el encargo de ser presidenta del instituto para someterlo y alinearlo a los objetivos de la 4T, entonces el tema resulta más que preocupante, motivo de alerta.

La fotografía que se publicó con motivo del informe presidencial, donde el Mandatario va atravesando el patio central del Palacio Nacional mientras pasa por donde están tres integrantes de su Gabinete entre ellos el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria Márquez agachando la cabeza como muestra de sumisión, no parece un buen augurio, pero confiemos en el profesionalismo y la objetividad de la doctora que pronto llegará al Inegi.