Los cambios contemplan reformar el tercer párrafo del artículo 76, reformar la fracción VII y adicionar una fracción VIII al artículo 130 y derogar el capítulo V, Título Primero, Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de despenalización del aborto, con lo que se eliminarían las penas para quien cometa aborto después de las 12 semanas de gestación.
Desde 2007, en la CDMX se permite el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación; después de ese periodo, la sanción va de entre tres y seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer o persona gestante, según el Artículo 145 del Código Penal local.
Al fundamentar el dictamen, el diputado morenista, Alberto Martínez Urincho presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra.
“ El Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.
Expuso que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes.
Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial de la legisladora del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, aseguró que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes. Precisó que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.
En contraste, la panista América Alejandra Rangel Lorenzana reclamó que no se han tomado en cuenta las propuestas de las asociaciones pro vidas, apoyada con más de 30 mil firmas.
Con esto, el dictamen pasará al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y votación.
