Miguel Ángel Riquelme asumió el Gobierno en condiciones críticas. No solo por la deuda de alrededor de 40 mil millones de pesos, la cual limitaría los alcances de su gestión en materia de obras, servicios e infraestructura, sino por la profunda división generada en el docenio de Humberto y Rubén Moreira, reflejada en las elecciones de 2017.

Por primera vez en casi 90 años, el PRI estuvo a punto de perder la Gubernatura y recibió menos votos que las oposiciones juntas. Coahuila había sufrido también descrédito nacional e internacional por los escándalos de corrupción y las masacres en Allende y Piedras Negras.

La matanzas fueron denunciadas ante la Corte Penal Internacional, por el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y la Federación Internacional de Derechos Humanos, el 6 de julio de 2017, cinco meses antes del final del sexenio de Rubén Moreira, actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

La comunicación a la CPI, titulada, México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza, Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad, la presentaron el obispo de Saltillo, Raúl Vera y Ariana García, de Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas.

Los Moreira ejercieron un Gobierno excluyente y cometieron múltiples agravios contra la sociedad, las oposiciones y los liderazgos críticos. Riquelme Solís se comprometió en su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2017, ante el Congreso a gobernar para todos. “La sociedad –dijo– no se alimenta del enojo y del encono. (…) demanda resultados. (…) Trabajemos todos para que a Coahuila le vaya bien”.

La polémica sobre su elección, cuyo resultado partió en dos al estado, la zanjó en seis palabras: “La contienda electoral ha quedado atrás”. Para restañar heridas y emprender “una transformación institucional y ordenada”, el Gobernador lagunero empleó la fórmula de la reconciliación; así logró apaciguar al estado y recuperar la confianza en la mayoría de los sectores.

A poco más de tres meses para las elecciones de Gobernador, la Administración no ha afrontado conflictos políticos graves. Los desacuerdos con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco han provocado problemas mayores; sin embargo, la eliminación de fondos federales impacta más en estados altamente endeudados como Coahuila.

El Gobierno salió bien librado de la pandemia de Covid-19, la cual puso en evidencia las limitaciones del sistema de salud abandonado por sus predecesores. Rubén Moreira inauguró a bombo y platillo hospitales hasta hace poco puestos en servicio. Riquelme Solís conocía la situación. “Tomé como reto la problemática del sistema de salud. Asumiré con determinación e implementaré soluciones que estén a la altura”, dijo en su toma de posesión ante Moreira, cuyo Gobierno distrajo 680 millones de pesos a empresas fantasma entre 2014 y 2017, según el reportaje, Frontera de Papel: Desvío de Empresas Fantasma en el Norte de México, del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

Riquelme Solís es percibido como un buen gobernador en las encuestas sobre el desempeño de los ejecutivos locales. Empero, habrá que esperar el juicio de las urnas el 4 de junio. En todo caso, podría ser menos severo del que fue con Rubén Moreira.

En 2017, el voto de castigo colocó a Guillermo Anaya en la antesala del poder. Los enemigos de ayer –PRI y PAN– ahora son socios y Armando Guadiana (Morena) no preocupa. El problema es Ricardo Mejía (PT).