Los principales males financieros de la Coahuila proceden de la deuda, herencia del “moreirato”, más que de los recortes federales aplicados a los gobiernos de todos los partidos, en parte por manirrotos. Empero, los efectos por la cancelación de fondos son mayores en los estados con pasivos elevados; y peor aún, sin obras que los respalden. El académico Alejandro Dávila Flores, sin duda uno de los mejores rectores de la Universidad Autónoma de Coahuila, plantea en el bisemanario Espacio 4 que ha llegado la hora de sentar en el banquillo a los bancos, beneficiarios del atraco junto con los políticos y funcionarios que lo maquinaron.

“Y la hecatombe del 2010-2011, demuestra que, a pesar de la manipulación de la información que se realizó durante el proceso de ‘legalización y reestructuración’ de la deuda de Coahuila, a lo largo el segundo semestre del 2011, el endeudamiento del estado no se destinó a financiar inversión pública en Coahuila. ¿La caída en la capacidad de inversión se explica por menores ingresos en las arcas del estado? No es así. Dejando de lado el asalto a las arcas públicas del 2009-2011, los ingresos estatales como proporción del producto interno bruto de la entidad, promediaron el 6.7% en el periodo del 2003 al 2008, y el 6.8% del 2012 al 2021. También nos permite apreciar que la fiebre por los créditos empezó en el 2008 y se desbocó sin control alguno en el 2010-2011.

“El grueso de los financiamientos otorgados por los bancos al Gobierno de Coahuila durante la segunda mitad del 2010 y el primer semestre del 2011, fueron ilegales, toda vez que no se autorizaron previamente por el Congreso estatal, ni se registraron en las leyes de ingresos, ni se contemplaron en los presupuestos de egresos de esos años, tal como lo establecía el marco legal vigente en esa época. ¿Quiénes los autorizaron? ¿Qué garantías recibieron? ¿Cómo se violaron las normas hacendarias y bancarias?

“Estamos frente a una situación en la cual los acreedores son corresponsables del daño moral y patrimonial causado al Gobierno y al pueblo de Coahuila. A 12 años de esos acontecimientos, como lo muestran claramente las cifras mencionadas arriba, resulta evidente la incapacidad de pago del capital de esa deuda en los términos actuales. También es palpable que las consecuencias de ese quebranto se han concentrado en la población coahuilense, que resiente las secuelas de la incapacidad financiera de su Gobierno para realizar la inversión pública indispensable para su desarrollo.

“Ha llegado el momento de replantear los términos de su pago y la recuperación parcial de algunos de los fondos esquilmados a la hacienda estatal, proporcionan una coyuntura favorable. Si los pasivos se le endilgaron al Gobierno de Coahuila, es claro que los dineros confiscados deben emplearse en la cancelación de los pasivos que los originaron, es decir, en abonar a la reducción del principal de la deuda.

“También es oportuno sentar previamente a los acreedores en la mesa de negociaciones y demandar su responsabilidad en el fraude endosado a los coahuilenses. Una excelente forma de hacerlo es que, por cada peso abonado por el deudor al pago del capital, se cancelen dos del saldo de la deuda. Así, la recuperación de los casi 5 mil millones confiscados a Villarreal, podrían producir una reducción de una cuarta parte del principal, permitiendo al Gobierno disponer de algunos recursos adicionales para financiar proyectos públicos indispensables para su población”.