Puebla, Pue.– Con el objetivo de saldar una deuda histórica con las familias de víctimas de desaparición, el Congreso del Estado de Puebla analiza una iniciativa para legalizar la figura de las madres y padres buscadores, otorgándoles formalmente el estatus de defensores de los derechos humanos.

La propuesta, presentada por la diputada Susana Riestra Piña (PAN) y construida en conjunto con el colectivo Voz de los Desaparecidos, busca reformar la Ley de Búsqueda de Personas del Estado. El eje central es activar obligaciones claras para que el Estado brinde respaldo legal y medidas de seguridad integrales a las familias durante sus jornadas de localización.

Blindaje contra el hostigamiento

La legisladora subrayó que este reconocimiento jurídico no es una concesión, sino una validación de la labor que las familias ya realizan en la práctica. Entre los puntos clave de la iniciativa destacan:

– Protección Integral: Garantizar medidas de apoyo para que las búsquedas se realicen en entornos seguros.

– Prohibición de la Criminalización: Quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de hostigamiento, amenaza o represalia derivada de sus actividades de campo.

– Sanción a Agresores: Obliga a las autoridades a investigar y sancionar de manera expedita cualquier agravio cometido contra los familiares buscadores.

” “Al reconocerlos jurídicamente como defensores de derechos humanos, se activan obligaciones claras para el Estado de Puebla para garantizar su seguridad”, declaró Riestra Piña durante la presentación.

El contexto de la desaparición en la entidad

La urgencia de esta reforma se sustenta en las cifras oficiales. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el año pasado se registraron 1,851 casos de desaparición en territorio poblano. Aunque 1,637 personas fueron localizadas, el margen de casos sin resolver mantiene a cientos de familias en brigadas de búsqueda permanentes.

Siguientes pasos legislativos

La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Tras su análisis y dictaminación, el documento será enviado al Pleno del Congreso para su votación final. De aprobarse, Puebla se colocaría a la vanguardia en la protección de colectivos civiles dedicados a la búsqueda de personas.