Saltillo, Coah.- La organización criminal facturera conocida como “El Caballito” tuvo operaciones ilegales en despachos de Coahuila y, por tal motivo, la Fiscalía General de la República ejecutó 9 acciones para desarticularla, principalmente cateos a inmuebles en el estado.

Además de Coahuila, la red también operó en Aguascalientes, Durango, Jalisco, Guanajuato, Colima, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, emitiendo facturas falsas a empresas legales por un monto de 12 mil millones de pesos.

Esta organización creaba comprobantes fiscales falsos que les ofrecía a empresas que los compraban para evadir impuestos, hasta que el Servicio de Administración Tributaria junto con la Fiscalía y la Agencia de Investigación Criminal descubrieron los hechos.

Como resultado de la desarticulación, fueron cateados 30 domicilios y detenidas 8 personas, entre ellos Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador Villaseñor López, identificados como los líderes de la organización.

Este jueves, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, con sede en Morelia, vinculó a proceso a los 8 presuntos criminales por el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos que, de acuerdo con el Código Fiscal, amerita entre 2 y 9 años de cárcel.

Además, el juzgador les impuso la prisión preventiva de oficio en el Cefereso número 17 de Buenavista Tomatlán, así como dos meses de plazo para la investigación, periodo en el que los fiscales y la defensa deben reunir datos de prueba para el juicio.

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Como ya se ha informado, a estas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva El Caballito, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”, dijo la Fiscalía.

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La vinculación a proceso fue posible gracias al trabajo del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, de esta FGR, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria”.