José Ángel no atentó contra sus abuelos, propósito que habría compartido con algunos compañeros de colegio, pero la agresión en el Colegio Cervantes destapó la caja de Pandora y se convirtió en denuncia, en clamor para frenar la violencia y la descomposición social en una zona donde la delincuencia organizada y los gobiernos de Coahuila y Durango, en distintos momentos, actuaron juntos. El ambiente familiar incidió –y acaso determinó– el comportamiento de un niño de 11 años con acceso a armas de fuego, cuya madre murió en circunstancias poco claras y cuyo padre purgó en Estados Unidos una condena por tráfico de drogas.

José Ángel “N”, abuelo del menor, fue vinculado a proceso por el homicidio doloso por omisión de la profesora María Assaff Medina. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga a él, a su esposa Rebeca “N” y su hijo homónimo –alias “El Pollo” Ramos– por lavado de dinero. La indagatoria del Gobierno federal, primera en su tipo en La Laguna, tiene en ascuas a diversos círculos, pues además de determinar el origen del flujo de efectivo por más de 120 millones de pesos, detectados en sus cuentas, podría identificar los nombres de sus socios y eventualmente de políticos y autoridades locales relacionadas con él.

El pequeño José Ángel, cuya conducta y rendimiento escolar no traslucían conflictos emocionales ni tendencias suicidas, desveló con su muerte: 1) el drama de una vida marcada por la tragedia; 2) señaló a los responsables de su formación: su padre y abuelos; y 3) increpó a la sociedad y a las autoridades por su falta de compromiso con la niñez y la juventud, expuestas a un clima de violencia.

También introdujo el tema en el debate nacional. La Comisión Permanente del Congreso empezó su sesión inaugural con un minuto de silencio por las víctimas del ataque en el Colegio Cervantes. Asimismo, propuso la creación de un grupo de trabajo a efecto de definir una agenda prioritaria mediante el análisis “de las minutas e iniciativas pendientes de dictamen en favor de la protección, atención integral, salud mental y el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.

El punto de acuerdo, aprobado por diputados y senadores de todos los partidos, exhorta a los gobiernos federal y locales “a redoblar esfuerzos y trabajar juntamente con la sociedad para lograr entornos armónicos y libres de violencia”, los cuales permitan el desarrollo integral de niños y adolescentes y fomenten la convivencia, la solidaridad y la tolerancia. También pidieron “revisar y analizar, desde un enfoque multifactorial e institucional, las causas de estos trágicos acontecimientos, así como la problemática derivada del tráfico ilegal de armas”.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) dijo que los sucesos en Torreón están relacionados con la familia, el tejido social y la debilidad del sistema educativo. “Porque el alumno (José Ángel) no se volvió así de un día a otro. Yo, como maestro, si veo que el niño tiene problemas muy graves de comportamiento y conducta, lo mando a la clínica (…) y lo paso a la educación especial”. Estas escuelas –señaló– ya no están separadas de los planteles ordinarios.

Muñoz Ledo advirtió que “la situación muestra el estado de descomposición de las familias y la destrucción que causa en el seno de las mismas el contacto con el narcotráfico. (…) Hay un debilitamiento del sistema educativo y carencia prácticamente de policías. No culpo a los gobiernos de los estados (de Coahuila y Durango), pero se están vacunando contra un hecho que para mí es inevitable, tarde o temprano: la creación del estado 33, el estado de La Laguna” (Milenio Laguna, 16.01.10).