Para el Gobierno de Coahuila resulta cuesta arriba pedirles a los contribuyentes pagar más impuestos e incluso cobrarle a los morosos cuando cargan sobre sus espaldas la deuda de 38 mil millones de pesos impuesta alevosamente por los Moreira sin saber a ciencia cierta a dónde fueron a parar esos recursos. La única certeza es que el Gobierno de Estados Unidos ha decomisado decenas de millones de dólares, propiedades e inversiones a exfuncionarios, contratistas y empresarios mediáticos confesos de haber participado en una trama “para robar dinero del erario”.

La muela de molino atada al cuello de los coahuilenses es un recordatorio del atraco impune. Si durante la segunda mitad del moreirato (2011-2017) el Gobierno pudo sortear la crisis financiera derivada del pago de intereses a una banca cómplice y voraz, fue a costa de la inversión pública, sobre todo en sectores prioritarios como el de salud, donde se restringió el abasto de medicamentos, y del magisterio, con una Ley de Pensiones violatoria de sus derechos.

Además, dispuso de recursos adicionales, gestionados en la Cámara de Diputados, y se pavoneó con la poca obra federal realizada en el estado. El recorte de participaciones y la cancelación de fondos anunciada por la Secretaría de Hacienda para el año próximo obligará a los gobiernos estatales y municipales a ser más rigurosos en el gasto y eficientes en la recaudación.

Estados con altos niveles de deuda, como el nuestro, verán limitados aún más sus márgenes de maniobra para atender la demanda creciente de infraestructura, servicios y equipamiento urbano. Adicionalmente, las regiones sureste, centro, y carbonífera de Coahuila afrontarán mayores presiones por la incertidumbre sobre el futuro de Altos Hornos de México, la cancelación de compras por parte de la CFE y la conversión de la industria automotriz.

En materia de ingresos, los estados están en un callejón sin salida. Por un lado, la Ley de Coordinación Fiscal los volvió dependientes del presupuesto federal. En ese sentido, el reproche de las entidades desarrolladas vuelve a ser que la Federación les reparte “migajas”.

Por otra parte, la mayoría de los gobernadores y alcaldes no puede pedir a los causantes aceptar más cargas fiscales debido a la situación económica y al malestar provocado por el endeudamiento y la corrupción. Mientras no se recuperen caudales y propiedades a quienes se enriquecieron ilícitamente en los últimos sexenios, tampoco habrá confianza ni apoyo a las autoridades.

Lo anterior explica el crecimiento marginal de la recaudación propia en los estados. En 2018 captaron 95 mil 137 millones de pesos en total, equivalentes al 4% de la masa de recursos disponibles, de acuerdo con datos del Inegi y de la Cuenta
Pública.

Hacienda ha exhortado a gobernadores y alcaldes a explorar nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, “ningún Estado ni Municipio quiere asumir el costo político de cobrar impuestos y están basando casi toda su planeación financiera en transferencias de participaciones y aportaciones”, advierte Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, centro de investigación dedicado a ciudadanizar la información oficial (Reforma, 23.08.19).

El país necesita un nuevo pacto fiscal para salvar a los estados y municipios de la inopia, y leyes para protegerlos de gobiernos venales e irresponsables.