La discusión sobre cambio climático en el mundo se centra hoy en el cierre de minas, empresas y gobiernos que plantean reducir sus huellas de carbono y el uso de combustibles fósiles. En Estados Unidos, se discute cómo los miembros de los consejos de administración deben presionar a las grandes corporaciones para acelerar su transición energética. Se debate cómo las empresas en las bolsas de Nueva York van a informar de sus acciones para mejorar el manejo de residuos, para usar más energía del aire, de agua, nuclear. Las empresas están siendo obligadas a tomar medidas más reales, menos centradas en relaciones públicas. El dinero verde es en este momento central en la agenda de Wall Street.

En este cambio, los próximos 20 años traerán un crecimiento exponencial en la demanda de minerales como el níquel, el litio, el cobalto, que se utilizan para hacer baterías de computadoras, celulares, autos eléctricos. La Agencia Internacional de Energía ha alertado que algunas regiones del mundo tendrían una demanda acelerada de inversiones para extraer estos recursos. Una de esas regiones es América Latina. Pero nuestra región, especialmente México, no parece estar preparada para lidiar con esta andanada de nuevos intereses, que ya comenzó.

De cada cuatro personas que asesinan en el mundo por su labor como defensores de la tierra y el medio ambiente, tres son latinoamericanos. Lo dijo ayer en Chile la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la primera Conferencia de las Partes.

México es central en esta agenda del luto. El año pasado fue el más violento para la defensa del patrimonio natural, desde que se contabilizan en el país las agresiones a activistas ambientales, con 25 asesinados. La organización Global Witness encontró en 2020 que México es el segundo país del mundo con mayor cantidad de defensores ambientales asesinados.

Una pequeña parte de las víctimas trabajaba para organizaciones civiles. Siete de cada 10 eran comuneros, ejidatarios, guardaparques, defensores independientes, miembros de sectores humildes y marginados. Eran chontales, mixtecos, nahuas, mixes, mayas, yaquis, zapotecas, chatinos, rarámuris.

En varios casos, los activistas han identificado a los agresores. Pero los asesinatos siguen impunes. “La situación es alarmante”, me dijo Gabriela Carreón, gerenta de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). A los activistas los intimidan, los golpean, los estigmatizan, los detienen arbitrariamente, los matan. Los asesinan a balazos frente a sus familias. Se los llevan a la fuerza y luego abandonan sus cuerpos en un paraje, al borde de un camino.

El peor lugar es Oaxaca. Mataron a ocho activistas el año pasado allí. El principal punto de conflicto es Paso de la Reina, una comunidad con población indígena y afromexicana, donde la comunidad se opone a dos hidroeléctricas, una privada y una de la CFE. El año pasado, mataron allí a balazos a cinco activistas. Eran campesinos y policías comunitarios. La organización Educa Oaxaca y CEMDA han documentado sus historias, pero casi nadie habla más de ellos, quiénes eran ni qué hacían.

En marzo, CEMDA publicó un informe con detalles del horror. Cuenta cómo en Oaxaca y otros estados cientos de personas huyen de sus pueblos después de las agresiones. Cientos de pobres, que no tenían casi nada en sus pueblos y tienen mucho menos en los sitios a donde llegan. Refugiados, huérfanos de un Estado ausente. Personas que defendían el bosque, el río, las mariposas, las playas.

En noviembre de 2021, el Gobierno mexicano firmó un acuerdo para considerar sus obras y proyectos “de interés público y nacional” como prioritarios, con un régimen burocrático especial, que permite aprobarlos en unos días. El argumento común a favor de estos proyectos es que traerán a las regiones donde se asientan nuevos empleos, demanda de servicios e insumos, mayor actividad económica. Las organizaciones afirman que en el pasado los proyectos han dejado más pobreza y menos recursos naturales, no una actividad económica vigorosa. Esta semana, México aprobó una nueva regulación respecto al litio, anticipándose a la demanda de los próximos años. Pero las necesidades son más primarias, más urgentes. Las necesidades hoy son de justicia y supervivencia.