Monclova, Coah.- Integrantes de la iniciativa ciudadana Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP) en Monclova, realizaron la ‘Caravana por la Nulidad de la Elección Judicial y por la Libertad de Expresión’, actividad que se replicó en alrededor de 50 ciudades en todo el país.

Los participantes se congregaron en alrededor de una treintena de vehículos, junto al monumento del Ave Fénix, a las 10:00 de la mañana, para después emprender un recorrido por el bulevar Pape, hacia el norte, hasta el Teatro de la Ciudad.

Luego, al retornar, retomaron el Pape hacia el sur, para después concluir la actividad con una concentración en la Plaza del Magisterio.

Los automóviles portaron pancartas con consignas como “No a la farsa judicial”, “¡Despierta México!”, “¡No a la dictadura!”, y “No a la ley espía, no a la censura”, entre otras.

Entre los participantes destacó la asistencia de la jueza María Inés Hernández Compeán, titular del Juzgado Cuarto de Distrito, quien próximamente dejará su cargo, al haber declinado en participar en las elecciones del Poder Judicial.

“La idea es decirle al gobierno (federal) que no estamos de acuerdo con esas elecciones judiciales que acaban de hacer… ¿en qué parte del mundo se ve que los jueces que van a impartir justicia, no es cualquier cosa, los elige el pueblo? No checa, desde ahí”, sostuvo en entrevista Obed Chávez Pruneda, uno de los organizadores de la caravana.

“Y segundo, la forma en que se hicieron esas elecciones, totalmente con ‘acordeones’, ¡por favor!”, añadió.

“No nos van a ‘tomar el pelo’… somos 90 millones de ciudadanos que no estamos de acuerdo con eso, ’nomás’ 10 por ciento del padrón votaron en esas elecciones”, enfatizó.

Incertidumbre en el Juzgado Cuarto

Tras las elecciones del Poder Judicial, prevalece una total incertidumbre sobre quién asumirá la titularidad del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Monclova, sostuvo la jueza María Inés Hernández Compeán, actual responsable, y quien deberá dejar dicha sede el 31 de agosto.

Y por otra parte, la entrevistada -quien declinó participar en los comicios- refirió que los jueces y magistrados destituidos por el proceso tendrán que emprender un litigio, para garantizar que se les entregue una compensación por su destitución, dado que los recursos para ello ya no existen.

Sobre el primer punto, Hernández Compeán dijo que por la manera en que trabajó en INE en los comicios, no fue clara la definición de qué candidatos estaban conteniendo por el Juzgado Cuarto.

“Hay tres personas, dos mujeres y un hombre (…) no se sabe quién de los tres viene a este juzgado”, refirió, afirmando que no recordaba los nombres de estas personas.

“No está definido, no se definió ni siquiera quiénes contendían, especialmente en este juzgado, porque se separó en distritos, y es, Monclova y Saltillo, un distrito; y Torreón y Saltillo, otro distrito, entonces, no se sabe bien a bien”, añadió. A pregunta expresa, acotó que no sabe tampoco cuándo llegará la persona que la relevará.

Sin embargo, agregó que “las reglas son que rinden protesta el primero de septiembre; y que entre el primero y el 15 de septiembre tienen que estar adscritos (…) y mi último día sería el 31 de agosto”.

“El primero de septiembre ya estaría fuera”, acotó, reiterando que si se demora la adscripción del titular, desconoce si habrá un secretario o secretaria en funciones, o si su titularidad será prorrogada.

Respecto a la compensación para los jueces y magistrados destituidos, la entrevistada reiteró que las destituciones fueron de manera injustificada, dado que han desempeñado sus funciones de manera correcta, mencionando como ejemplo que apenas el jueves pasado, recibió un dictamen de una revisión de febrero, donde la felicitaron por abatir el rezago de su sede.

“800 jueces y magistrados, personas juzgadoras federales, estamos siendo despedidas, con la promesa constitucional de que nos iban a dar una indemnización, que en realidad no cubre el cambio total de plan de vida”, refirió, en este tenor.

Alertan por robo a la privacidad

Cabe mencionar que en su exhorto nacional para la actividad, RECAP también lanzó una alerta a la ciudadanía, “sobre la reciente aprobación de leyes que ponen en riesgo la privacidad y la libertad de los mexicanos, al permitir al gobierno acceder a datos biométricos, información médica, financiera y de geolocalización en tiempo real. A esto se suma la llamada ‘ley censura’, con la cual se puede silenciar y hasta encarcelar voces disidentes, periodistas y ciudadanos críticos del poder”, indicó la asociación a través de un comunicado.