Los compromisos y metas que se han hecho en las cumbres sobre la sustentabilidad medio ambiental del planeta, descarbonizándolo a través de la generación de energías renovables parece ser, que en el mediano plazo no se cumplirán.
Las razones son varias, quizá de las más trascendentes: China y Estados Unidos han sido las economías más contaminantes a escala planetaria por su tamaño y volumen de bienes y servicios producidos; su dependencia del carbón para generar energía eléctrica no ha decrecido en las tasas porcentuales que se esperaban, su utilización sigue siendo rentable, y de ahí su resistencia a abandonarlo definitivamente.
Por ejemplo y de acuerdo con fuentes especializadas: en China (2019), del total de la producción de electricidad, 58% procedía de la combustión del carbón mineral, mientras, en ese mismo año, en Estados Unidos representaba 21%, alrededor de una quinta parte de su generación total del fluido eléctrico.
En México no sobrepasa 9% de la producción nacional. China es el mayor productor y consumidor de carbón en el mundo, casi cubre 50% de la producción mundial.
Seguridad energética
Aunque es sus planes quinquenales a largo plazo, contempla en 2060 minimizar el uso del carbón, en el corto plazo el país asiático ha preferido sacrificar el combate hacia los gases tóxicos que contaminan la atmósfera en aras de ofrecer electricidad a sus ciudadanos, tratando de evitar cortes y racionamientos de energía, el aumento de la demanda post pandemia ha influido para que el Gobierno formule políticas que reactiven la producción del citado mineral. Entre 2020 y 2021 la tasa de crecimiento de energía eléctrica fue de aproximadamente 11 por ciento.
La reforma eléctrica
En el caso mexicano, uno de los objetivos de la reforma eléctrica propuesta por la Administración gubernamental es lograr la seguridad energética con la participación dominante en el mercado de CFE, que de ser aprobada por el Congreso requerirá de grandes inversiones para modernizar sus centrales de abastecimiento y construir nuevas fuentes impulsadas por energías no fósiles.
Del total de las centrales eléctricas del país, operan una central nuclear y tres plantas que consumen carbón, de las cuales dos se localizan en Nava, Coahuila.
Estas en 2021, adquirieron de la Región Norte-Centro de la entidad 1 millón 374 mil toneladas de carbón, beneficiando a pequeños productores (Fuente: CFE).
A raíz de la descomposición burocrática que imperaba en la Promotora Para el Desarrollo Minero (Prodemi), quien durante varios años fungió como intermediario entre CFE y los productores, el Gobierno optaba por un nuevo esquema de compraventa, licitando en forma directa con los mineros.
Según la empresa del Estado, se firmaron 60 contratos con los productores desde 2020, de los cuales ha recibido 92% del material (carbón) pactado en los acuerdos.
Si se compara la generación de energía eléctrica creada por carbón de China y México, nuestro país participa marginalmente con respecto al gigante asiático, inclusive frente al resto de fuentes nacionales, como combustóleo, gas, hídrica, etc.
A manera de conclusión
Los mayores productores de CO2 en el planeta se pueden contar con los dedos de la mano, entre ellos están China, Estados Unidos, e India, quienes tienen preferentemente la responsabilidad moral y social de limitar sus emisiones de carbono.
En el caso de México, lamentablemente los intereses económicos que se verían afectados por la propuesta de reforma, están confundiendo a la opinión pública, divulgando información inexacta sobre CFE y sus plantas carboeléctricas.
Las empresas públicas se han estigmatizado como improductivas y corruptas. Habría que revisar los estados financieros de CFE, sin considerar los subsidios (apoyo gubernamental) bimestrales que otorga a millones de hogares en México en el consumo de electricidad.
En el caso de la tarifa 01, del sector doméstico, el apoyo fiscal ronda el 12% del consumo total de la vivienda; es probable que los más críticos del Gobierno se sorprendan de ver los resultados antes y después del ejercicio; y lo más pernicioso el subsidio que otorga a empresas privadas (nacionales y extranjeras) que comercializan con la energía eléctrica.
No es válido evaluar con los mismos criterios económicos a los negocios privados y empresas públicas. Y mucho menos darle un sesgo ecológico a la crítica, dejando, convenencieramente, fuera otros factores sociales que pueden legitimar la reforma eléctrica.
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