Fuerza Coahuila –en sus distintas etapas y denominaciones– es la policía siniestra de una mente torcida. Rubén Moreira la anunció con bombo y platillo el 10 de marzo de 2016, en la explanada del Centro de Gobierno. Si el medio es el mensaje, el de Fuerza Coahuila es desde su nacimiento irrefutable: de perversidad. Las patrullas negras, los agentes con uniformes y máscaras del mismo color y las armas ostentosamente visibles eran para infundir miedo entre la población civil indefensa, no a los cárteles de la droga cuyo entrenamiento, capacidad de fuego y sevicia los predispone a la batalla y a la barbarie.

Las masacres en Allende, Piedras Negras y la disolución de cuerpos en el Cereso fronterizo, durante el moreirato, refutan el discurso oficial. La connivencia y las atrocidades se hallan documentadas en el libro El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011, de los académicos Jacobo Dayán y Sergio Aguayo, presentado en noviembre de 2017. El dosier, Control… Sobre todo el Estado de Coahuila. Un Análisis de Testimonios Contra Integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y del Rio Texas, de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, también difundido en vísperas del último informe de Rubén Moreira, hizo añicos el monumento que el megalómano se había erigido de sí mismo como adalid de los derechos humanos.

El 6 julio del mismo año (2017), más de 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT), encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, presentaron ante la Corte Penal Internacional la comunicación, México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad.

Sobre la demanda, Gloria Leticia Díaz escribe: “Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no solo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad” (Proceso, 08.07.17).

El Universal, ha vuelto a poner los reflectores sobre ese periodo, el más negro de la historia de Coahuila. Las ocho columnas del jueves, Acusan a Policías de Élite de Coahuila de ser un Cártel (se refiere a Fuerza Coahuila en sus diferentes épocas y membretes) levantaron ámpula por la consistencia de la investigación de Íñigo Arredondo.

Pues además de recordar que el expediente sigue abierto, anticipa acciones contra funcionarios y jefes policiacos del docenio, algunos de los cuales permanecen activos. El 20 de noviembre, Reforma, tituló su nota principal de la sección Nacional: Perdona Coahuila Masacre en Allende.

Para la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas, y la Fiscalía General de la República, los casos son relevantes, aunque no tengan la misma exposición mediática de otros como el de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Por tanto, tendrán respuesta del Gobierno federal. El gobernador Miguel Riquelme salió al paso para deslindar a la Policía Estatal (una de las caretas de Fuerza Coahuila) de las acusaciones de haber suplantado a los Zetas.

Sin embargo, nada ayuda que un funcionario público –paisano y colaborador de Riquelme Solís– pluma de clan Moreira, adicto a la empleomanía y a la venta de asesorías al Gobierno, pretenda desa-

creditar la investigación de El Universal. La defensa oficiosa refleja preocupación. Bastante fundada, por cierto.