El asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, dirigió las miradas hacia la residencia oficial de Los Pinos donde se creía tener todo bajo control.

Una tarjeta autógrafa del primer hermano del país, Raúl Salinas de Gortari, en la cual advertía al sonorense que las puertas de la casa presidencial “se abren desde dentro, no desde fuera”, afianzó la hipótesis del crimen de Estado.

Amigos que compartieron con Colosio el júbilo de la postulación lo acompañaron también en los momentos pesarosos por el abandono de quien lo había elegido como sucesor: Carlos Salinas de Gortari. “Quieren que renuncie”, acusaban.

La campaña del exlíder del PRI fue boicoteada desde un principio. Revivir las aspiraciones de Manuel Camacho logró el propósito de generar confusión y arrinconar a Colosio, quien, en su mejor discurso –pronunciado el 6 de marzo en el Monumento a la Revolución, 17 días antes de su asesinato– rompió con el salinato.

“Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y acabar con cualquier vestigio de autoritarismo”. La presidencia imperial había adquirido con Salinas tintes grotescos.

Colosio era producto del sistema y, como tal, no podía rebelarse, a menos que estuviera dispuesto a pasar página. Su retrato del autócrata apuntaba en esa dirección.

“Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder (…) que da lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático (…) significa hacer del sistema de impartición de justicia una instancia independiente de la máxime respetabilidad y certidumbre…”.

El año de 1994 resultó para el país uno funesto y a la vez trascendental. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en enero junto con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; en marzo ocurrió el crimen de Colosio y en septiembre el asesinato del secretario general del PRI, Francisco José Ruiz Massieu.

En mayo de 1993, el cardenal Jesús Posadas Ocampo había sido acribillado por sicarios de un cártel en el aeropuerto de Guadalajara. La situación se resumió en una frase: “Los demonios andan sueltos y han triunfado”. Su autor Mario Ruiz Massieu –hermano del líder priista abatido– murió por una sobredosis de depresivos mientras se hallaba en Estados Unidos bajo arresto domiciliario.

La orden de Salinas de Gortari para que la Procuraduría General de la República (entonces a cargo de Diego Valadés, ascendido poco después a ministro de la Suprema Corte de Justicia) atrajera la investigación del asesinato de Colosio, cuando por ley correspondía a la Procuraduría estatal, tiene ahora a Mario Aburto Martínez con un pie fuera de la cárcel.

La sentencia de 45 años contra el “asesino solitario”, concertada para cerrar un caso que indignó al país y puso en la picota al Gobierno, la invalidó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca. La condena debió dictarla un juez local y no exceder los 30 años de acuerdo con el Código Penal de Baja California vigente en 1994.

El mismo Tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República investigar las denuncias de tortura a la que, según Aburto, fue sometido durante su detención.