La orden de captura contra Cuauhtémoc Martínez, expresidente del PRI en Ciudad de México, por los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad falaz y asociación delictuosa, hizo pensar que el siguiente paso sería cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio para el Gobierno de Guerrero, en desagravio a las mujeres y para demostrar que la 4T aplica la justicia sin distingo de partido.

Sin embargo, el golpe de efecto se dio al revés: Morena ratificó al senador con licencia. Según algunas notas de prensa, el movimiento social para relevarlo -de preferencia por mujer-, secundado por diputadas federales y otros sectores del partido guinda, aumentó la popularidad del presunto “depredador sexual”. El presidente López Obrador ha defendido a Salgado a capa y espada, cuyo triunfo, el 6 de junio, parece inevitable pese a haber sido inhabilitado por el INE. Las posibilidades de Mario Moreno, de la coalición PRI-PRD, y de Irma Lilia Garzón, candidata del PAN, son nulas.

La atención mediática se ha enfocado en Salgado; en el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), quien podría ser desaforado por cargos de corrupción y defraduación fiscal fincados por la Fiscalía General de la República; en el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (PRI), prófugo de la justicia por delitos de delincuencia organizada; y en Cuauhtémoc Martínez, cuyas cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera y pronto será también buscado por la Interpol. Sin embargo, casos aún más graves y de alcance internacional, entre cuyas víctimas figuran hombres, mujeres y niños, son ignorados olímpicamente.

Humberto y Rubén Moreira Valdés no solo permanecen fuera de los reflectores de la prensa, sino que el segundo es candidato del PRI a diputado federal plurinominal, junto con su esposa Carolina Viggiano. Gobernadores de Coahuila entre 2005 y 2017, los hermanos fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) “por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus gobiernos contra la población civil, con base en declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos” (Proceso, 08-07-17).

La Academia Interamericana de Derechos Humanos ha guardado silencio ominoso sobre las matanzas en Allende y Piedras Negras, acaso por deber su creación y patrocinio al exgobernador Rubén Moreira, quien la usó de parapeto para desviar la atención y salvar las apariencias. Además de involucrar a “altos funcionarios” de la Administración de los Moreira, los testimonios de exintegrantes de Los Zetas en Texas, también “revelaron (…) que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad”.

En julio de 2017, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López; el subdirector del Centro Diocesano de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Michael Chamberlain; Jimena Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos; y Ariana García del Bosque, del colectivo Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas, viajaron a La Haya, Países Bajos, para presentar ante la CPI la comunicación México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. El expediente se apoya en el informe Control… sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el presidenciable canciller Marcelo Ebrard, tienen una oportunidad de oro para responder a las víctimas y sus familias. Apenas el 10 de marzo, la embajadora mexicana Socorro Flores Liera rindió juramento como magistrada de la CPI para el periodo 2021-2030.