El número de víctimas varía, pero el contexto es el mismo: trabajadores atrapados y muertos en minas que explotan o se inundan, empresas irresponsables, gobiernos negligentes, sindicatos venales y políticos que lucran con la riqueza del subsuelo y la pobreza. En la Región Carbonífera la historia se repite cada cierto tiempo. La mayor tragedia se remonta al 31 de marzo de 1969 en Barroterán, con 153 fallecidos. «El trueno se escuchó por todo el pueblo. La lengua de fuego ascendió al cielo como si quisiera devorar las nubes. Después, solo confusión y humo: una enorme columna negra que se levanta sobre la boca de las minas de Guadalupe», escribe Alejandro Santos Cid, de acuerdo con el testimonio de Modesta Araceli Robledo, quien contaba entonces 8 años (El País, 15.08.22), a propósito del desastre en El Pinabete ocurrido el 3 agosto pasado.

La versión más aceptada sobre el accidente en Barroterán es que «el encargado de medir los niveles de gas encendió una lámpara de aceite y su chispa desencadenó el fuego. Todos los cuerpos se rescataron completos, menos el suyo, que se encontró mutilado», le cuenta Omar Navarro al periodista español. La segunda desgracia con mayor número de víctimas se registró el 12 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos. Los cuerpos de los 65 mineros permanecen atrapados. El 4 de junio de 2021, siete trabajadores murieron en Múzquiz tras el derrumbe de una mina.

Sabinas captó de nuevo la atención de la prensa internacional por la inundación del mineral El Pinabete. Diez jornaleros se sumaron a la lista de muertos en una zona cuya actividad prepara a la población para el siguiente infortunio, sin haber superado el anterior y siempre en espera de justicia y de castigo para los poderosos (empresarios, políticos y funcionarios). Pasta de Conchos detonó un movimiento social que ha forzado a los gobiernos, incluido el de López Obrador, a mantener el caso abierto, debido, en gran parte, a la exposición mediática.

En Pasta de Conchos y en El Pinabete se observa el mismo resultado (la muerte de mineros), pero la respuesta fue distinta. Vicente Fox, en el ocaso de su sexenio, se ocupó poco del tema. Humberto Moreira iniciaba el suyo y aprovechó la tragedia para sus propósitos. Acusó a Fox de haberle pedido algo «inconfesable»: acusar al líder minero Napoleón Gómez Urrutia. En principio, nadie se ocupó de los muertos ni de sus familias. El entonces obispo, Raúl Vera, reprochó: «Si estaban ahí los sobrevivientes, en lugar de seguir buscando (…) sellaron la mina, o sea: muéranse» (Milenio, 10.02.16).

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió el expediente de Pasta de Conchos y ofreció rescatar los restos mortales. La tragedia en El Pinabete, como otras, pudo evitarse si las autoridades de los tres niveles hubieran cumplido sus obligaciones. La corrupción no ha dejado de ser causa de accidentes y muertes. El Gobierno federal tomó el control del caso El Pinabete y está a cargo del rescate, el cual, por las condiciones del terreno, tardará más de seis meses. La detención del director de la mina, cuya explotación era irregular, marca otra diferencia, pero no basta. Es preciso castigar a todos los responsables, sin excluir a funcionarios y políticos. Pero lo más importante es aplicar la ley, clausurar los minerales fuera de norma, terminar con los privilegios y crear condiciones para que accidentes prevenibles no vuelan a ocurrir.