Esta semana se detonó una crisis en la CNDH con la toma de instalaciones por colectivos feministas, quienes también intervinieron las pinturas de Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Morelos, con pintas que expresan más que una protesta por los feminicidios, la exigencia de justicia ante la ineficacia del Gobierno para resolver uno más de los flagelos que azotan en nuestro país, donde priva la inseguridad, la violencia de género y la desatención a las víctimas, no contentos con ello, el viernes se registró el desalojo violento de las activistas en las instalaciones de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Sin embargo, hay que señalar que este no es un reclamo feminista más, se trata de un problema latente que ha rebasado a las instancias gubernamentales, por otra parte, en noviembre del año pasado, ya había señalado las consecuencias que traería el haber impuesto a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la ilegitimidad y sin contar con el perfil profesional para ejercer tal investidura, lo que no solo había enturbiado el proceso de elección, sino que lastimaría la credibilidad de la Comisión.

Bajo este contexto, Rosario Piedra Ibarra, acudió a comparecer esta misma semana ante el Senado de la República, siguiendo la línea discursiva que distingue al Gobierno del presidente López Obrador, refiriéndose a la justificación de gastos de la Comisión, pero sin el valor para encarar los motivos por los que fue citada a comparecer, lejos de las algarabías partidistas de cuando fue electa, la realidad es que su gestión no presenta resultados, pero ante todo, confirma el desacierto y al mismo tiempo la responsabilidad del partido oficial, al haber impuesto a una persona con filiación partidista, al frente de un Institución en la que recae la altísima responsabilidad de velar por la esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, conforme a la propia Ley de la Comisión.

La señora Piedra Ibarra, no ha entendido que no está al frente de un grupo de activistas encargado de resolver las demandas de otros grupos a los que a discreción considere antagónicos, ni se encuentra al frente de la Comisión para encauzar sus esfuerzos en el ahorro de recursos o en la administración de los gastos de un merendero.

Por otra parte, el presidente López Obrador como es habitual, convencido de la idea del poder de la palabra, no solo se animó a decir –que la toma de instalaciones de la CNDH, es un asunto que se ha politizado, sino que además se trata de un tema magnificado por los medios de comunicación para perjudicarlo y por el encono en contra de Piedra Ibarra– y así es como el titular del Ejecutivo, da por resuelta la crisis o tal vez es un reflejo de la importancia que los derechos humanos tienen para el Presidente, que dicho sea de paso, solo se refirió al término –en una sola ocasión– en su discurso sobre su segundo informe de gobierno, cuando dijo que “ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea”.

La realidad es que nosotros tenemos otros datos, la indolencia que caracteriza a su Administración fue el detonante de la crisis en torno a la CNDH, una manifestación genuina y contundente en apoyo a dos madres que se manifestaban en San Luis Potosí, buscando la intervención de la Comisión para que se les apoyara en el desplazamiento en su exigencia de justicia por la muerte de sus hijos, que como en el caso de los otros grandes problemas nacionales, solo tiene la indiferencia por respuesta, como lo es la inseguridad, el desabasto de medicinas, la de-

satención de los niños con cáncer, el abandono del personal médico y hospitalario y más de 70 mil mexicanos fallecidos por coronavirus, entre otros.