“Cuídate de la bebida: puede hacerte disparar al cobrador de impuestos, y fallar”.
Robert A. Heinlein

El Sistema de Administración Tributaria, el SAT, tiene instrucciones de sacar dinero incluso de debajo de las piedras, siempre y cuando sea de los contribuyentes formales.

Para obligar a los contribuyentes ya registrados a pagar lo que dice que deben, primero les congela las cuentas o les cancela la firma electrónica con la idea de impedirles trabajar y dejarlos así indefensos.

A los contribuyentes de 55 a 70 años les cancela el Registro Federal de Causantes o la Fiel si realizan actividades que los funcionarios consideran que no son “consistentes” con las que antes desempeñaban.

“Entre esto y un cobro por secuestro no hay diferencia”, me dice una persona que ha sufrido estas prácticas. Estamos viviendo tiempos de terrorismo fiscal, pero siguen sin tocar ni con el pétalo de una rosa a quienes trabajan en la economía informal.

La actitud del SAT es exactamente contraria a la que prometió el presidente López Obrador en campaña y después de ganar las elecciones de 2018.

El 5 de septiembre de ese año el entonces Mandatario electo declaró frente a los empresarios de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, que no haría una “reforma fiscal” en el primer año de Gobierno, esto es, que no subiría impuestos, pero que cuando hiciera una reforma sería para simplificar los trámites fiscales.

Prometió que “todos los ciudadanos mexicanos” simplemente tendrían “que hacer una manifestación anual y decir: ‘En uso de mis facultades mentales y bajo protesta de decir verdad, doy a conocer que tuve ingresos (por una determinada cantidad) y, de acuerdo con una fórmula sencilla, me corresponde contribuir con tanto, y se deposita el dinero’”.

Las autoridades fiscales se reservarían el derecho de auditar algunas declaraciones, las cuales se definirían de manera aleatoria, sí, “por sorteo”. La idea de López Obrador era tenerle confianza al contribuyente.

¡Qué diferente es, sin embargo, lo que estamos viendo ahora! Lejos de la confianza al contribuyente que ofreció el Presidente, estamos sufriendo una política de sistemática desconfianza.

Los contribuyentes son culpables mientras no demuestren lo contrario y por supuesto se les castiga de antemano por los delitos que no cometieron. Primero se congelan las cuentas bancarias y la firma electrónica, después se procede a determinar si hay realmente alguna falta fiscal.

Cada vez es más complicado y burocrático trabajar en la economía formal y pagar impuestos en México. Los trámites y candados tecnológicos han crecido de forma constante.

Los contribuyentes deben darse de alta en persona, para ser registrados con biométricos, y la falta de este trámite impide que la persona o empresa pueda cobrar legalmente y pagar impuestos.

En algunos momentos se volvió casi imposible conseguir esas citas presenciales y se generó un mercado negro en el que había que comprar las citas con cohechos.

Ya no puede uno, por otra parte, simplemente pedir una factura en un comercio, como ocurre en cualquier país del mundo: hay que presentar una constancia de situación fiscal actualizada.

Los envíos de mercancías o regalos deben ir acompañados ahora de una carta porte. Tiene uno además que comprobar en cada momento que no es subcontratista.

Mientras se endurecen las condiciones para los trabajadores y empresas en la economía formal, ni el SAT ni ninguna otra autoridad se preocupa por los informales.

Al parecer las órdenes son: hay que exprimir hasta la última gota a los cautivos y hay que ponerles todos los obstáculos burocráticos posibles. Pero para quienes trabajan en la economía informal la actitud es distinta: son pueblo bueno y, por lo tanto, hay que dejarlos en paz.

A la fuerza

La mayoría morenista en el Senado aprobó el 24 de octubre una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que los sindicatos puedan cobrar las cuotas de los trabajadores con un descuento directo al salario. Sí, los trabajadores ya no podrán negarse a pagar a los líderes.