El subsecretario Alejandro Encinas mostró confianza en las investigaciones que el Gobierno está haciendo sobre el caso Iguala. “Le estamos pisando la cola al tigre –dijo el 29 de enero–. La principal reacción es desacreditar, tratar de difundir información que busca entorpecer las investigaciones, poner en sobre aviso a las personas que se investigan, poner en riesgo la vida de personas que están colaborando y generar duda e incertidumbre. Pero eso no nos va a frenar”.

La realidad parece muy distinta. La principal preocupación de quienes hoy llevan la investigación parece ser liberar a los responsables y comprar sus testimonios para culpar a inocentes. La motivación es política.

Los nuevos investigadores, encabezados por el fiscal especial Omar Gómez Trejo, quien fue secretario ejecutivo del politizado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), buscan confirmar la posición de los líderes del movimiento de Ayotzinapa de que fue el Estado, y no el crimen organizado, el que mató a los normalistas la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

La clave en el cambio ha sido Gildardo López Astudillo, “El Gil”, uno de los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos. Él informó a través de un mensaje de texto a Sidronio Casarrubias, líder de la organización, sobre la llegada a Iguala de un grupo de la banda rival de Los Rojos que resultaron ser los normalistas de Ayotzinapa. A él se le atribuye haber dado la instrucción de incinerar los cuerpos de los estudiantes.

Detenido el 16 de septiembre de 2015, y confeso de los crímenes, “El Gil” fue, sin embargo, liberado por haber declarado supuestamente bajo tortura. Se ha convertido ahora en “testigo colaborador” y está ayudando a las autoridades a montar un caso político, como exigen los líderes de Ayotzinapa.

“El Gil” es, a todas luces, el testigo colaborador identificado como “Juan” que ha tratado de involucrar en la matanza al Ejército y al actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en Guerrero cuando sucedieron los hechos. Las propias autoridades federales, sin embargo, no parecen tenerle plena confianza.

La FGR acaba de detener a Luis Antonio Dorantes Macías, exjefe de la Policía Federal en Iguala, a quien “El Gil” exonera, mientras que García Harfuch sigue teniendo el respaldo del régimen. La posible relación de Dorantes Macías con el caso Iguala había sido ya sugerida por la recomendación VG15/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El problema para la cuarta transformación es que la recomendación no avala la tesis política del movimiento de Ayotzinapa y el GIEI. Señala, por ejemplo, que los restos óseos en el río San Juan y el basurero de Cocula “estuvieron expuestos a temperaturas diferenciadas”, lo cual contradice la declaración de “El Gil” de que los jóvenes fueron incinerados en crematorios.

Quizá por eso las autoridades no han hecho caso de una de las principales peticiones del documento, el análisis genético de 114 restos óseos encontrados en Cocula. La CNDH de Rosario Piedra Ibarra, archivó la recomendación y cerró la Oficina Especial para el Caso Iguala.
Lejos de pisarle la cola al tigre, la 4T parece empeñada en montar una versión de los hechos construida por los propios responsables de la matanza. No es solo una afrenta a los deudos de los normalistas asesinados, sino una manipulación desvergonzada de una tragedia para propósitos políticos.

Totalmente Palacio

Es positivo que el Presidente haya difundido un video para poner fin a los rumores sobre su salud. El lujoso escenario de Palacio Nacional, sin embargo, pone una vez más en entredicho su afirmación de que mudó la residencia presidencial de Los Pinos porque este era un lugar de excesivo lujo.