El gobernador Miguel Riquelme rindió dos informes. El primero en la capital del estado, en la sede del Congreso, y el segundo en el Centro de Convenciones de Torreón ante la sociedad civil. Previamente, había declarado que no entregaría obras inconclusas para ganar reflectores. De acuerdo con ese criterio, antes del segundo informe inauguró un bulevar en la capital, gobernada por el PRI; un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Militarizado en Piedras Negras, cuyo Alcalde es de Morena; e inició la habilitación de un centro de Gobierno en Torreón, donde las riendas del municipio las lleva el PAN.

Los presidentes, gobernadores y alcaldes suelen incluir en sus informes obras que en el papel ya fueron pagadas y están en funcionamiento, lo cual en muchos casos es mentira. Durante sus giras por el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado carreteras, hospitales y otras instalaciones a medio terminar y sin equipo. Un ejemplo es el Hospital Oncológico Salvador Chavarría, inaugurado por el exgobernador Rubén Moreira dos días antes de concluir su gestión (Digital News, 28.11.12).

Las regiones Sureste y Laguna terminan el año sin grandes conflictos, pero las zonas Centro y Carbonífera están colapsadas. La primera, por la crisis de Altos Hornos de México debido a la detención de su propietario, Alonso Ancira Elizondo, en España, cuyas cuentas fueron desbloqueadas apenas el 23 de noviembre. Y la segunda, a causa de la suspensión de compras de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La hidra de la corrupción está presente en ambos casos.

El Gobierno federal denunció a Ancira y a la acería por la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex a un precio inflado de 273 millones de dólares. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó transferencias de AHMSA a una filial de la constructora brasileña Odebrecht, centro de una trama internacional de corrupción, las cuales se remitieron después a una empresa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, radicada en Suiza. Estados Unidos acusa a Lozoya de recibir sobornos de Odebrecht por 10 millones de dólares; actualmente se encuentra prófugo.

Tras la cancelación de compras de carbón, decidida por la CFE, subyace una larga historia de corrupción e impunidad en la Promotora Estatal para el Desarrollo Minero (Prodemi). La entidad ha sido utilizada como “caja chica” por gobernadores y funcionarios públicos para amasar fortunas y desviar recursos a campañas políticas. Debido a los altos niveles de corrupción, el senador de Morena y empresario minero Armando Guadiana ha planteado incluso su desaparición; o en su defecto, “una limpia urgente”.

El Gobierno del estado anunció el 27 de noviembre un “pedido emergente”, de la CFE por 80 mil toneladas a los productores de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz para paliar la crisis, del cual Miguel Riquelme dio cuenta en su informe. Según el comunicado, la empresa adquirirá entre 1.2 y 2 millones de toneladas de carbón el año entrante. Sin embargo, las operaciones deberán transparentarse para no repetir vicios del pasado y asegurar que el beneficio lo obtengan los productores y no los coyotes ni los funcionarios de Prodemi, de la cual también han lucrado exlíderes del PRI. El presidente López Obrador tiene fuentes directas para mantenerse al tanto de la situación.