¿Cuáles han sido los resultados, cuál el provecho, del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en tres años de funcionamiento? Para los coahuilenses, ninguno; al contrario, ha representado un gasto por más de los 92 millones de pesos, dedicado en su mayoría a cubrir sinecuras. Es como alimentar a un elefante blanco o pagar a un carcelero por cuidar celdas vacías mientras los pillos se pitorrean delante de sus narices. Para los Moreira y sus secuaces, en cambio, ha cumplido cabalmente su objetivo: brindarles inmunidad.

En un estado donde el Gobierno de Humberto Moreira obtuvo créditos con documentos falsos -caso único en el país-, paga 4 mil millones de pesos de intereses cada año y ocupa el tercer lugar nacional en deuda per cápita; donde el Tribunal Superior de Justicia dispuso de 125 millones de pesos del Fondo para el Mejoramiento de Administración de Justicia para invertirlos en una financiera fraudulenta y perder la mayor parte del capital; y donde en los cuatro últimos años de la Administración de Rubén Moreira se desviaron 680 millones de pesos a empresas fantasma, era para que el SEA no se diera abasto. Sin embargo, ha preferido hacer la vista gorda.

La presión social sobre el SEA no es de balde: responde a tres años de engaños y simulación. El enfado de Marco Antonio Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, lo comparten legiones: “El Sistema Estatal Anticorrupción nació viciado de origen”. El sentimiento lo refleja la demanda de la sociedad civil para que la selección de la terna de la cual surgirá el futuro secretario técnico del SEA se apegue “a los principios de transparencia e imparcialidad”; respete el Decálogo de Designaciones Públicas del Consejo Nacional de Participación Ciudadana; y eche a un lado “toda influencia indebida de intereses” contrarios a la imparcialidad.

Este movimiento, iniciado por nueve organismos de La Laguna, se reforzó con el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila y la Coparmex Coahuila Sureste. El frente -con alma de mujer- no alberga una segunda intención, sino “colaborar de forma coordinada en los esfuerzos por combatir los actos y hechos de corrupción en el estado”. Solo una minoría fácilmente identificable, por sentir amenazados sus privilegios e intereses, y acaso también su libertad, puede oponerse al saneamiento de la Administración pública y del SEA.

A tres días de escoger la terna para la Secretaría Técnica y a un máximo de siete para nombrar a su nuevo titular, las instituciones apelan al juicio, objetividad y sabiduría del Consejo de Participación Ciudadana formado por Lourdes de Koster, Juan Von Bertrab, Carlos Rangel, Jafia Pacheco y Miguel Crespo. Pero, sobre todo, para que den oídos al anhelo de una sociedad agraviada: fortalecer las instituciones encargadas de combatir y castigar la corrupción en un estado donde la venalidad y el descaro echaron raíces en los dos últimos sexenios.

Me considero amigo de Luis García Abusaíd, a quien me he referido en las columnas “SEA: veto ciudadano” y “Conflicto de interés”, del 24 y 29 de julio. Pienso que es un buen hombre, cualificado para la Secretaría Técnica, sin duda, pero inelegible, no por el lastre moreirista, corriente con la cual todavía se le identifica, sino conforme al Decálogo de Designaciones Públicas del Sistema Nacional Anticorrupción. Luis, como persona sensata, debería allanarse; y si no, el SEA, tomar la decisión que le permita ganar algo de legitimidad.