Ciudad de México.- Tras un mes de diligencias, una juez federal ordenó esta madrugada dejar en libertad provisional a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, en el proceso que les iniciaron por el delito de delincuencia organizada, siempre y cuando paguen una garantía de 100 mil pesos cada uno.

Aunque la Guardia Nacional dictaminó que existía un nivel de riesgo “alto” de fuga, Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, les otorgó el cambio de medida cautelar a los ex integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero, informaron fuentes judiciales.

La juzgadora concluyó que la prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos no era idónea, necesaria y proporcional, por lo que en su lugar les impuso la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 100 mil pesos y firmar los días 1 y 16 de cada mes en el juzgado.

También les impusieron la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir del País y de acercarse a víctimas o testigos, según el resolutivo de la audiencia que concluyó este jueves a las tres de la madrugada.

Los militares beneficiados con este fallo son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.

Se espera que en las próximas horas, una vez que cubran la fianza, los soldados abandonen el Campo Militar Número 1.

Esta es la segunda ocasión en que los ocho militares obtienen su libertad provisional, ya que tienen dos procesos en curso, uno por el delito de desaparición forzada y el más reciente por delincuencia organizada.

En el primero, se les acusa de estar implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala; y en el segundo, les atribuyen haber colaborado o ser cómplices de Guerreros Unidos, grupo criminal que desapareció a los estudiantes.

El 13 de junio de 2023 la juez Duarte ordenó la aprehensión de 16 militares por el caso Ayotzinapa, entre ellos los 8 militares referidos, quienes de inmediato se entregaron voluntariamente a la Fiscalía General de la República y fueron internados en la prisión militar.

El 24 de enero pasado salieron en libertad provisional en ese proceso, prácticamente con las mismas medidas cautelares que ahora, aunque en aquella ocasión la garantía que les fijaron fue de 50 mil pesos y también les prohibieron acercarse al lugar de los hechos, particularmente viajar a Guerrero.

Sin embargo, el beneficio no lo disfrutaron más de una semana, porque el 1 de enero regresaron al Campo Militar Número 1, con base en la nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Los militares presentaron un amparo en el que lograron que el Décimo Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad ordenara realizar una audiencia para revisar la prisión preventiva justificada que les impusieron en este último proceso.

El 6 de abril se celebró la primera audiencia, pero debido a la cantidad de pruebas y peritos, se celebraron cuando menos 5 audiencias más, la última de ellas iniciada ayer y concluida esta madrugada.

De “riesgo alto”

En la evaluación de riesgos, documento que toman en consideración los jueces para resolver el cambio de medida cautelar, la Guardia Nacional dictaminó que existía un “nivel de riesgo alto” de que los militares pudieran darse a la fuga, en caso de que les concedieran la libertad provisional.

La juez Duarte Cedillo autorizó que intervinieran peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ofrecidos por la defensa de los acusados -algo inusual en un proceso federal no castrense-, quienes alegaron que no existía ningún riesgo de fuga.

La Guardia Nacional, sin embargo, advirtió en su evaluación de riesgos que no se tiene la certeza de que los militares hubiesen cumplido con las medidas cautelares que les impusieron en el primer proceso en el que les revocaron la prisión preventiva.

Aseguró que cuando quedaron libres por vez primera, en enero pasado, no acudieron a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.

“   El evaluado nunca se presentó ante esta autoridad, de manera presencial, con la finalidad de iniciar la supervisión y comprobar el cumplimiento de las restricciones impuestas”, indicó la corporación federal sobre el soldado Ramiro Manzanares Sanabria, quien quedará libre junto con sus compañeros.