Argentina.- La dirigente social argentina Milagro Sala, cuya libertad ha sido pedida por la ONU, la OEA y la CIDH, fue condenada hoy a tres años de prisión por instigar una protesta en la que ella ni siquiera estuvo presente.

De esta manera culminó el primer juicio en contra de la también diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), y en el que fue acusada de promover que le tiraran huevos al hoy gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, durante un acto realizado en 2009.

Pese a que durante el juicio se demostró que Sala no acudió al evento y a que los testigos principales se contradijeron, el tribunal consideró que planeó el ataque a Morales y a otros funcionarios, pero la absolvió por el delito de amenazas.

Sala es una dirigente de 51 años que creó “Tupac Amaru”, una organización que logró operar múltiples programas sociales que beneficiaron a parte de la población más desfavorecida de Jujuy, una provincia ubicada en el norte del país.

Sus opositores la acusan de una serie de hechos fraudulentos y crímenes que hasta ahora no han sido probados, pero sí ampliamente difundidos a través de una intensa campaña mediática en su contra.

La líder fue detenida el pasado 16 de enero en Jujuy, acusada de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real” al protestar frente a la casa de Gobierno por el recorte de subsidios para la construcción de viviendas y el trabajo de cooperativas, pero después se le sumaron otras causas.

Los procesos en contra de Sala acumularon tal nivel de irregularidades que organismos como el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido su liberación.

Pese a los reclamos internacionales, el presidente Mauricio Macri y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se negaron a liberar a la dirigente y, en cambio, invitaron a comisiones de ONU y de la CIDH para que revisen “in situ” sus condiciones de detención.

Antes de escuchar la sentencia, Sala habló frente al tribunal, les pidió a los jueces “no dejarse apretar por el poder político” y explicó que su trabajo se basó en la defensa de los derechos sociales y la autoestima de los más pobres.

“Nunca me pude haber imaginado que iba a pagar este costo, que me iban a judicializar. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo porque no hemos robado nada, hemos trabajado, hemos dignificado a miles de compañeros”, aseguró.

Sala explicó que su “pecado” fue haber peleado por la igualdad “en un país tan rico, en un país en donde hay mucha plata y se la quedan las grandes empresas, las corporaciones, los oligarcas. Dignificar a los que menos tienen nos significó estar sentados en este sillón”.

La diputada es considerada por algunos sectores como presa política, ya que apoyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y tanto Morales como Macri han evidenciado una animadversión personal en su contra.