¿De qué les sirve a las mujeres ser mayoría en la legislatura local si dan la espalda al género, siguen a pie juntillas las consignas masculinas y no desaprovechan la ocasión para pegarse tiros en el pie? Coahuila tiene un Congreso de «Juanitas». Las diputadas ya no renuncian para cederle a sus suplentes varones la sinecura, como sucedía hasta hace poco. Los cambios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 2011 deshicieron el entuerto, pues forzaron a los partidos a integrar fórmulas del mismo sexo. En 2014, una segunda reforma rompió el círculo de la discriminación al elevar a rango constitucional la paridad de género en los congresos federal y locales; y por extensión, en las alcaldías y las gubernaturas. Sin embargo, el sometimiento y la simulación siguen vigentes en los estados.

De las 15 diputadas locales, ocho son del PRI, tres de Morena, dos del PAN, una de UDC y otra del Verde. Las priistas Eugenia Calderón, Esperanza Chapa, Guadalupe Oyervides, Olivia Martínez, Edna Dávalos, Luz Elena Morales, María Cepeda, Martha Loera y su adlátere Claudia Rodríguez (PVEM) cancelaron la posibilidad de que una mujer sea gobernadora en 2023. Votar por la modificación del Artículo séptimo transitorio, Fracción II, de la reforma constitucional aprobada el 17 de diciembre pasado, pospone ese derecho hasta 2029. La medida descarta de la sucesión del año próximo a la senadora Verónica Martínez, pues por su nulo peso político perdería las elecciones, y asegura la candidatura de un hombre para reemplazar a Miguel Riquelme. Pero no la victoria.

Contra la reforma votaron Lizbeth Ogazón (incómoda para el poder e incluso para su bancada debido a su pensamiento crítico, congruencia y compromiso con las mujeres), Laura Aguilar, Teresa Meraz (Morena), Lucila Valdés, Luz Virgil (PAN) y Tania Flores (UDC). Con el sufragio de los legisladores del PRI, entre ellos Álvaro Moreira, el benjamín del clan que mantiene a Coahuila atado a una deuda criminal, y los del PAN y Morena, la votación fue de 17 a favor y ocho en contra. Sin embargo, aún no es «palo dado». Acción Nacional promoverá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la norma. El Instituto Nacional Electoral se pronunciará en noviembre próximo, cuando emita los criterios para preservar el principio de paridad de género en las elecciones de gobernador de Coahuila y Estado de México.

Qué tiene, pues, de «histórico» un Congreso de mayoría femenina reacio a empujar una agenda en favor de las mujeres como acusan numerosos colectivos en marchas y plantones frente al Palacio de Gobierno, el Congreso y la Presidencia Municipal. La incuria de los poderes públicos para afrontar los feminicidios, la violencia de género y el acoso policiaco y judicial contra activistas de derechos humanos será castigado en las urnas.

En los congresos impera la obsecuencia al Presidente y a los gobernadores. No se obedece a la soberanía (el pueblo), sino al soberano de turno. Las mismas diputadas que reformaron la Constitución del estado para franquearle el paso al candidato del PRI al Gobierno —sin la seguridad de ganar las elecciones de 2023— son las mismas que han bloqueado las demandas de la oposición para investigar la megadeuda y otros atropellos del moreirato como el saqueo al sistema de pensiones. «Juanitas» por propia voluntad, en vez de crecer se achican. La abyección es el peor camino para atraer votos.